La participación de Universidad Católica en la Copa Libertadores ha entrado en un terreno de incertidumbre total tras la presión de la Conmebol. Aunque inicialmente la Delegación Presidencial prohibió el público visitante por razones de seguridad, el organismo sudamericano ha enviado un ultimátum a Cruzados exigiendo el cumplimiento del reglamento, que estipula la entrega obligatoria de 2,000 entradas para los hinchas de Boca Juniors.
El conflicto radica en que el nuevo Estadio Claro Arena ha sido catalogado como un recinto de “alto riesgo” por las autoridades locales, quienes temen que la infraestructura no soporte la logística de una barra brava extranjera. Debido a los recientes protocolos de seguridad pública en Chile, el gobierno se mantiene firme en su postura de “público solo local”, chocando directamente con las normativas internacionales que rigen el torneo continental.
Ante esta negativa oficial, la Conmebol ha notificado a la UC que, de no garantizar el aforo para los visitantes, el club se verá obligado a buscar un estadio alternativo que cumpla con los estándares o disputar el encuentro a puertas cerradas. Desde la dirigencia han intentado mediar con propuestas de aforo reducido, pero la respuesta desde Luque ha sido tajante: el reglamento no es negociable y el plazo para una respuesta vence en las próximas horas.
La situación mantiene en vilo a la hinchada cruzada, ya que existe el riesgo real de perder la localía en su propio estadio para el partido más importante del semestre. Si la UC no logra destrabar el permiso gubernamental para recibir a los 2,000 seguidores argentinos, el duelo programado para el 7 de abril tendrá que mudarse de recinto, dejando al flamante Claro Arena sin su esperado estreno en el concierto internacional.