El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) solicitó a El Salvador revisar la reciente implementación de la cadena perpetua para menores de edad, advirtiendo que la medida podría contravenir estándares internacionales en materia de derechos de la niñez.
La normativa, aprobada por el Congreso salvadoreño en el marco de un endurecimiento de la política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, extiende la pena de prisión perpetua a menores de hasta 12 años que cometan delitos graves como homicidio, violación o actos vinculados al terrorismo.
Desde la OACNUDH, la portavoz Marta Hurtado expresó preocupación por los cambios legales, señalando que estos limitan la revisión de las condenas hasta que los menores cumplan 25 años privados de libertad. Según indicó, esto se contrapone a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que promueve la rehabilitación y reintegración de los menores.
En respuesta, el mandatario salvadoreño defendió la medida a través de redes sociales, argumentando que recomendaciones previas de organismos internacionales habrían favorecido el reclutamiento de jóvenes por parte de pandillas, al considerar que existía una percepción de impunidad para menores de edad.
La reforma legal se suma a una serie de modificaciones impulsadas por el Ejecutivo, que previamente elevaron la pena máxima para adultos a prisión perpetua en casos de delitos graves. Posteriormente, esta sanción fue extendida a adolescentes.
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño y UNICEF advirtieron que la medida es incompatible con los principios internacionales suscritos por el país. Además, señalaron que la detención prolongada de adolescentes puede resultar perjudicial y no necesariamente efectiva para prevenir el delito.
Si bien la estrategia de seguridad del gobierno ha logrado una reducción significativa en los índices de homicidios, diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado sus métodos, apuntando a posibles vulneraciones graves en el marco de estas políticas.
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