En una sesión extendida que culminó la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados de Argentina convirtió en ley la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que modifica la protección de entornos glaciares. Con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, el Congreso ratificó los cambios a la normativa vigente desde 2010, otorgando ahora a las provincias la potestad de definir qué zonas cercanas a glaciares pueden ser explotadas.
Desarrollo económico vs. Seguridad hídrica
El debate reflejó las dos visiones contrapuestas sobre el uso del territorio:
- Argumento Oficialista: El Ejecutivo sostiene que la reforma es clave para atraer inversiones en litio, cobre y oro, sectores que han visto un crecimiento explosivo, pasando de 160 a 325 proyectos en los últimos tres años. Desde el oficialismo, el diputado José Peluc descartó riesgos de desaparición de glaciares, argumentando que la ley busca ordenamiento y no destrucción.
- Postura Empresarial: Las mineras defienden que no todo ambiente periglacial tiene una función hídrica relevante. Proponen evaluaciones “caso por caso” para habilitar proyectos en áreas sin impacto hídrico estratégico.
- Visión de la Oposición y Ambientalistas: Sectores como Unión por la Patria advierten que el ambiente glaciar, aunque representa solo el 0,4% del territorio, es vital para la seguridad hídrica. Se critica la creación de una “asimetría regulatoria”, donde las provincias podrían competir flexibilizando normas ambientales para captar capitales.
Actualmente, no existe un registro oficial actualizado, aunque datos de 2016 indicaban que 44 de 77 proyectos mineros se encontraban en zonas periglaciales. Con la nueva ley, el control de estas áreas queda en manos de las administraciones provinciales, marcando un cambio de paradigma en la política ambiental argentina.
