Un grave caso ocurrido en Estados Unidos expuso nuevas críticas a las políticas migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump, luego de que una niña de tres años fuera víctima de abusos sexuales mientras permanecía bajo custodia estatal.
La menor había ingresado al país junto a su madre desde México en septiembre, pero ambas fueron separadas en la frontera. Tras ello, la niña fue derivada a una familia de acogida en Texas, donde permaneció cerca de cinco meses. Durante ese periodo, según antecedentes judiciales, fue agredida sexualmente en reiteradas ocasiones por otro menor que residía de acogida en el mismo hogar.
El padre de la niña, ciudadano mexicano con residencia legal en Estados Unidos, intentó recuperarla desde el inicio, pero enfrentó retrasos y falta de información por parte de las autoridades. De acuerdo con su testimonio, solo se le informó que su hija había sufrido un “accidente”, sin mayores detalles.
La situación cambió cuando presentó una acción judicial y tras la presentación del recurso ante un tribunal federal, la menor fue liberada y entregada a su padre en un plazo de dos días.
El caso se enmarca en el funcionamiento de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), entidad encargada de la custodia de menores migrantes no acompañados o separados de sus familias. Bajo las nuevas exigencias impuestas por el gobierno, los familiares deben cumplir con requisitos como entrega de huellas dactilares y pruebas de ADN, lo que ha generado demoras en los procesos de reunificación.
Organizaciones especializadas han advertido que estas medidas han extendido significativamente el tiempo que los niños permanecen bajo custodia estatal, aumentando su exposición a riesgos. De hecho, el promedio de permanencia ha pasado de poco más de un mes a varios meses.
Actualmente, la niña se encuentra con su padre, aunque presenta secuelas emocionales derivadas de lo ocurrido, como ansiedad y pesadillas frecuentes. El caso ha reabierto el debate sobre las condiciones de resguardo de menores migrantes y la responsabilidad del Estado en su protección.