A través de un oficio firmado el pasado 21 de abril por el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el Gobierno ha dado inicio formal a la formulación del Presupuesto 2027. El documento introduce un «cambio de paradigma» en la gestión de las arcas fiscales, proyectando una planificación a cinco años (2027-2031) bajo criterios de estricta sostenibilidad financiera y estrechez fiscal.
El nuevo marco metodológico establece que los ministerios deberán priorizar el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, dejando cualquier iniciativa adicional supeditada a una rigurosa evaluación de eficiencia.
Educación bajo la lupa
El sector educativo es uno de los más afectados por las recomendaciones de la Dirección de Presupuestos. Según los anexos técnicos, la cartera de Educación enfrenta una propuesta de rediseño que incluye:
- 15 programas recomendados para ser descontinuados.
- 42 programas con una orden de ajuste presupuestario de, al menos, un 15%.
- 34 programas que se mantienen sin observaciones.
Entre las iniciativas que aparecen con recomendación de «Descontinuar» destacan el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb —que cuenta con un monto ejecutado superior al billón de pesos—, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, la Beca Vocación de Profesor y el programa PACE. Asimismo, programas de alto impacto como la Beca Indígena y el Crédito con Aval del Estado (CAE) entrarían en la categoría de ajuste del 15%.
Reacciones políticas
La propuesta ha generado una rápida respuesta en el Congreso. Parlamentarios de oposición han manifestado su preocupación por el impacto social de estas medidas. La diputada Emilia Schneider (FA) calificó la situación como «gravísima», señalando que la eliminación de programas de alimentación e infraestructura afectaría a los sectores más vulnerables.
Por su parte, la diputada Daniela Serrano (PC) y la senadora Yasna Provoste (DC) coincidieron en que estos ajustes representan una decisión política que debilita el sistema público. Provoste cuestionó directamente la viabilidad de enfrentar desafíos como la violencia escolar o las brechas de lectoescritura con menores recursos.
El Ejecutivo tiene como fecha clave el 2 de julio para el cierre de las evaluaciones, mientras que la propuesta definitiva deberá ser presentada el 10 de septiembre.
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