La iniciativa del Gobierno será revisada por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados en medio de un escenario marcado por desempleo, informalidad y mayores costos laborales.
EEl proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual comenzará esta tarde su tramitación en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, luego de ser ingresado por el Gobierno. La discusión se dará en un contexto laboral complejo, marcado por debilidad en el empleo formal, persistentes niveles de desocupación y una mayor presencia de empleos informales.
Según el informe del Ejecutivo, el mercado laboral continúa mostrando señales de fragilidad. La tasa de desempleo llegó a 8,9% en el trimestre enero-marzo, completando más de tres años consecutivos sobre el 8%. El documento también señala que Chile se mantiene entre los países con mayores niveles de desocupación dentro de la OCDE.
A este escenario se suma que la creación de empleo se ha concentrado principalmente en la informalidad, lo que ha generado preocupación por la calidad de los puestos de trabajo disponibles.
En ese contexto, el Ejecutivo propuso un reajuste acotado del sueldo mínimo, alineado con la evolución reciente de la inflación. De acuerdo con el documento, la iniciativa busca mantener el poder adquisitivo de las familias, evitando presiones adicionales sobre el empleo formal y los costos laborales de las empresas.
El eje central del proyecto es elevar el ingreso mínimo mensual a $546.546 para trabajadores de entre 18 y 65 años. Esto implica un aumento de $7.546 respecto del monto vigente, equivalente a la variación acumulada del IPC durante el primer trimestre, que llegó a 1,4%.
En paralelo, el ingreso mínimo para menores de 18 años y mayores de 65 quedaría en $407.711, mientras que el ingreso mínimo para fines no remuneracionales se fijaría en $352.298.
El Gobierno sostuvo que el diseño del reajuste responde a una lógica de contención, considerando que el sueldo mínimo ya había registrado un crecimiento real importante en los últimos años. Según el informe, desde mayo de 2022 el ingreso mínimo acumula un alza real de 23%, por sobre la evolución de los sueldos promedio y del PIB per cápita.
La propuesta también incluye reajustes en la asignación familiar, maternal y el subsidio familiar. Para quienes reciban hasta $628.935 mensuales, se plantea un pago de $22.315 por carga. En el tramo siguiente, para ingresos superiores a $628.935 y hasta $918.624, el beneficio sería de $13.694 por carga.
Asimismo, quienes perciban más de $918.624 y hasta $1.432.738 recibirían $4.327 por carga. Sobre ese último monto, el beneficio dejaría de entregarse. El subsidio familiar, en tanto, quedaría fijado en $22.315 desde mayo de 2026.
Otro punto considerado en el proyecto es un mecanismo automático de reajuste desde enero de 2027. Este sistema actualizaría el sueldo mínimo y los beneficios asociados según la variación acumulada del IPC entre abril y diciembre de 2026.
Además, el texto establece el compromiso de enviar un nuevo proyecto de reajuste a más tardar en junio de 2027, con el objetivo de que comience a regir desde julio de ese año. Con ello, se busca mantener una periodicidad en la revisión del ingreso mínimo.
El debate legislativo también estará marcado por las presiones que enfrentan las empresas, especialmente las de menor tamaño. El mensaje presidencial menciona entre los factores relevantes los aumentos previos del sueldo mínimo, la reducción de la jornada laboral a 42 horas y el incremento de cotizaciones asociado a la reforma previsional.
Según el informe, la reducción de la jornada implicó un aumento de 4,5% en el costo por hora trabajada. El documento advierte que estos cambios podrían tener efectos persistentes sobre el empleo si no se adoptan medidas que incentiven la contratación formal.
El Ejecutivo también destacó que las empresas de menor tamaño han enfrentado mayores dificultades, registrando destrucción de empleo en 17 de los últimos 18 meses, en un escenario de márgenes estrechos y restricciones financieras.
En materia fiscal, la iniciativa implicaría un mayor gasto estimado de $29.273 millones en régimen. Para 2026, el costo se calcula en $12.411 millones, financiado con cargo al Tesoro Público. En los años siguientes, los recursos deberán incorporarse en la Ley de Presupuestos.
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