La Corte de Apelaciones de San Miguel revocó una resolución previa y cerró la causa por la muerte de Aníbal Villarroel. Argumentó la aplicación retroactiva de la Ley Naín-Retamal y la presunción de legítima defensa en un operativo policial.
La Corte de Apelaciones de San Miguel decretó el sobreseimiento definitivo de los cuatro imputados en la causa por la muerte de Aníbal Villarroel y las lesiones sufridas por Bastián Salamanca durante el estallido social. Lo hizo aplicando de manera retroactiva la Ley Naín-Retamal.
La decisión fue adoptada por la Quinta Sala Extraordinaria del tribunal. Revocó la resolución emitida en diciembre de 2025 por el 10° Juzgado de Garantía de Santiago, instancia que había rechazado cerrar la investigación.
Los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2020 en el sector de La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Según los antecedentes expuestos en la causa, Aníbal Villarroel, de 26 años, observaba junto a Bastián Salamanca las manifestaciones por el primer aniversario del estallido social en Avenida Departamental con Eugenio Matte. Fue en ese contexto cuando ambos resultaron heridos durante un operativo policial.
Villarroel recibió un disparo en el tórax, mientras que Salamanca sufrió una lesión en el talón derecho. De acuerdo con las pericias realizadas por la PDI, ninguno de los dos portaba armas al momento de los hechos.
El fallo benefició al teniente Joaquín Ignacio Muñoz Vásquez, identificado en peritajes balísticos como autor del disparo fatal. Además, benefició al exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas; el exministro del Interior, Víctor Pérez; y el exintendente metropolitano, Luis Felipe Guevara.
Argumentos del tribunal
La Corte sostuvo que la Ley Naín-Retamal establece una presunción de legítima defensa en actuaciones policiales relacionadas con el control del orden público. Por ello, trasladó la carga de la prueba hacia los querellantes.
Respecto del actuar del teniente Muñoz, el fallo indicó que los disparos fueron realizados hacia el sector desde donde presuntamente provenían disparos en contra del funcionario policial. Además, el tribunal consideró relevante que el proyectil hallado en el cuerpo de Villarroel presentara restos de “material inorgánico”. Según la resolución, esto sugeriría un rebote previo antes del impacto.
En esa línea, la Corte descartó que existiera una intención directa de disparar contra una persona específica.
Querellantes acudirán a la Corte Suprema
Tras conocerse la resolución, abogados querellantes anunciaron que presentarán un recurso de queja ante la Corte Suprema. Asimismo, señalaron que, en caso de no prosperar las acciones judiciales en Chile, evaluarán recurrir al sistema interamericano de derechos humanos.
Uno de los representantes legales cuestionó la interpretación realizada por el tribunal respecto de la Ley Naín-Retamal. Afirmó que su aplicación “como una exención automática e irrefutable” tendría consecuencias para otras causas vinculadas al estallido social.
Aníbal Villarroel era trabajador administrativo, padre de una hija y participaba activamente en organizaciones sociales y proyectos de muralismo comunitario en su sector.