La secretaria de Estado abordó la propuesta sobre entrega de datos desde servicios públicos y recalcó los límites legales en materia sanitaria en relación con los migrantes.
La ministra de Salud, May Chomalí, tomó distancia de la propuesta relacionada con la eventual entrega de información sobre migrantes en situación irregular. Esta información sería entregada desde instituciones públicas.
La autoridad señaló que el sistema de salud debe actuar dentro del marco legal vigente. Además, indicó que existen normas que resguardan la atención y confidencialidad de los pacientes.
“No podemos ir contra la ley”, afirmó la ministra al ser consultada por la posibilidad de compartir antecedentes de personas migrantes que acceden a prestaciones de salud pública.
Las declaraciones se dan luego de que el Presidente José Antonio Kast señalara que no descartaba instruir a entidades de salud y educación para reportar a migrantes irregulares que utilizan recursos públicos.
La ministra recalcó que el acceso a la salud está regulado por normas nacionales e internacionales. Además, indicó que cualquier medida debe ajustarse a la legislación vigente.
El debate generó distintos comentarios tanto en el mundo político como en organizaciones vinculadas a derechos humanos y migración. Estas organizaciones han advertido sobre posibles efectos en el acceso a servicios básicos.
Hasta ahora, el Gobierno no ha informado detalles oficiales sobre eventuales mecanismos o instrucciones relacionadas con la entrega de datos de personas migrantes.