A dos meses de la muerte del suboficial mayor de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla, ocurrida en Puerto Varas, la investigación continúa bajo reserva y con crecientes interrogantes respecto a lo sucedido durante el procedimiento policial que terminó con el funcionario gravemente herido.
El hecho se remonta a la madrugada del 11 de marzo, cuando una llamada al 133 alertó sobre personas consumiendo alcohol y causando desórdenes en las cercanías de la vía férrea, a metros de calle San Francisco. Según los antecedentes conocidos, tres funcionarios acudieron inicialmente al lugar en una radiopatrulla y luego avanzaron a pie hacia una zona de matorrales y árboles.
Uno de los carabineros que acompañaba a Figueroa relató posteriormente que ambos ingresaron al sector conocido como Los Pinos para verificar la denuncia. De acuerdo a su testimonio, Figueroa decidió dirigirse hacia la línea del tren mientras él revisaba otro sector del lugar. Instantes después, el funcionario comenzó a alertar por radio una “clave 25”, código utilizado por Carabineros para advertir disparos.
Aquella madrugada se habrían escuchado al menos tres detonaciones. En un inicio, las primeras hipótesis apuntaban a una posible emboscada contra personal policial, teoría que con el paso de las semanas comenzó a ser cuestionada debido a nuevos antecedentes surgidos durante la investigación.
La causa fue declarada reservada desde las primeras horas y quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, con colaboración de Carabineros. Paralelamente, autoridades de Gobierno y del Ministerio Público se trasladaron hasta la zona para coordinar las diligencias.
En ese contexto, la entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, aseguró que se buscaría esclarecer completamente lo ocurrido y que, en caso de identificarse responsables, se solicitarían las penas más altas contempladas por la legislación.
La fiscal regional Carmen Wittwer explicó en esos días que la investigación estaba en una etapa preliminar y que se analizaban distintos antecedentes, incluyendo cámaras de seguridad, tráfico telefónico y evidencia balística levantada en el sitio del suceso.
Javier Figueroa permaneció internado en Puerto Montt con ventilación mecánica y muerte cerebral hasta el 18 de marzo, fecha en que se confirmó su fallecimiento. Días después fue ascendido póstumamente al grado de suboficial mayor, mientras que la comisaría de Puerto Varas pasó a llevar su nombre como homenaje.
Con el paso del tiempo, la falta de información pública comenzó a generar inquietud en la familia. El 11 de abril, Marlene Manquemilla, madre del funcionario, manifestó públicamente su preocupación por la ausencia de avances visibles y reveló que su hijo le habría comentado problemas internos relacionados con su trabajo, aunque evitó entregar mayores detalles mientras continúe la investigación.
Posteriormente surgieron nuevas publicaciones que dieron cuenta de antecedentes sensibles para la causa. Entre ellos, que la llamada inicial al 133 habría sido realizada desde un teléfono sin chip vinculado a la víctima y que el disparo fatal podría haber provenido del arma de servicio del propio funcionario.
A esto se suma la complejidad de las pericias realizadas durante las últimas semanas. La gran cantidad de funcionarios que participó en las diligencias derivó en una toma masiva de muestras de ADN a más de 200 carabineros, con el objetivo de depurar la evidencia genética recolectada en el lugar.
Las filtraciones conocidas recientemente provocaron además molestia en el círculo cercano de Figueroa, quienes solicitaron mayor rigurosidad en la investigación e incluso pidieron cambios en la conducción de la causa. Tras reunirse con la fiscal Nathalie Yonsson, la madre del suboficial indicó que recibió nuevos antecedentes, aunque aseguró que mantendrá reserva sobre lo conversado.
Actualmente, la investigación sigue en desarrollo y sin responsables formalizados. Mientras continúan las diligencias, la familia del funcionario espera que el Ministerio Público logre esclarecer definitivamente cómo ocurrió la muerte del carabinero de 36 años, quien dejó a su esposa —también integrante de Carabineros— y a un hijo de 7 años
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