La indagatoria busca esclarecer posibles omisiones de información socioeconómica y un eventual mecanismo irregular en la adjudicación de un beneficio habitacional en Magallanes.
El Ministerio Público inició una investigación penal por posibles irregularidades en la adjudicación de un subsidio habitacional que benefició a la pareja del diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme Ducci.
La causa es llevada por la Fiscalía Local de Punta Arenas. Esto ocurre luego de una denuncia presentada por el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo. Según los antecedentes, fueron publicados por la Unidad de Investigación de Bío Bío y el medio local Zona Zero.
Los hechos se remontan a julio de 2022 y apuntan a Susan Liliana Chicuy Godoy, pareja del parlamentario y madre de sus tres hijos. Además, implican a la entonces jefa de Operaciones Habitacionales del Serviu Magallanes, Jacqueline Lleucún Uribe.
De acuerdo con la denuncia, la beneficiaria habría omitido antecedentes personales y socioeconómicos al momento de postular al proyecto habitacional Estepa Austral I. Este proyecto está dirigido a familias vulnerables.
El documento señala que no se habrían informado correctamente los ingresos reales ni la composición del núcleo familiar en el Registro Social de Hogares. Según el oficio, ello habría permitido situarla en una condición de “déficit habitacional alto” y “hacinamiento”.
Asimismo, el escrito sostiene que la pareja del diputado no habría incluido en la declaración a Alejandro Riquelme. Según se expone, él figura como propietario de uno o más inmuebles de acuerdo con su declaración patrimonial.
“De haberse declarado la información de forma fidedigna, no habría podido obtener el subsidio”, sostiene la denuncia remitida al Ministerio Público.
El Serviu también advirtió un eventual mecanismo irregular en el reemplazo de un beneficiario original del proyecto. Según el procedimiento establecido, la Entidad Patrocinante debía proponer un nuevo nombre para ocupar el cupo disponible. Sin embargo, la denuncia afirma que habría sido la propia jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales quien entregó directamente el nombre de la reemplazante a la empresa encargada.
Además, los antecedentes revisados dan cuenta de sociedades vinculadas al diputado Alejandro Riquelme. Entre ellas se incluyen Magallania Capacitaciones Limitada, Magallania SpA, Magallania Asesorías Limitada y Cannabimed Agroproductos y Laboratorios SpA.
Según el oficio, una de estas sociedades registra contratos y convenios con organismos públicos por más de $1.096 millones entre 2007 y 2025.
Desde la Fiscalía Regional de Magallanes confirmaron la apertura de la investigación. Ésta quedó a cargo de la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra, quien ya instruyó las primeras diligencias.
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