Parlamentarios acudieron al organismo fiscalizador tras cuestionamientos sobre la Declaración de Patrimonio e Intereses de Ignacio Quiroz y su eventual vínculo indirecto con una empresa inmobiliaria.
El debate sobre la transparencia de las autoridades de Gobierno sumó un nuevo capítulo. Esto ocurrió luego de que surgieran cuestionamientos a la Declaración de Patrimonio e Intereses (DPI) del ministro de Hacienda, Ignacio Quiroz.
La controversia se originó tras la publicación de un reportaje que advirtió la ausencia de información sobre un vínculo familiar del secretario de Estado con una empresa inmobiliaria. Dicha empresa podría verse beneficiada por disposiciones contempladas en la denominada Ley de Reconstrucción Nacional.
En medio de la discusión, el ministro secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió públicamente a Quiroz y sostuvo que el parentesco sí se encontraba consignado en la declaración oficial. Sin embargo, una revisión del documento disponible en la plataforma InfoProbidad no evidenciaría dicha información. Tampoco hay referencias a familiares vinculados a la sociedad cuestionada.
La situación generó reacciones en el Congreso. Diputados del Partido Socialista y del Partido Comunista presentaron antecedentes ante la Contraloría General de la República. Esto fue para solicitar un pronunciamiento respecto de un eventual conflicto de interés y del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del titular de Hacienda.
Consultado por la controversia, Alvarado descartó irregularidades y afirmó que la legislación exige informar los vínculos familiares directos. Asimismo, consideró que las críticas responden a interpretaciones que buscan identificar posibles conflictos de interés donde, a su juicio, no existirían antecedentes suficientes para sostenerlos.
El vocero también señaló que las actividades profesionales desarrolladas por familiares de autoridades no constituyen, por sí solas, una incompatibilidad con el ejercicio de cargos públicos.
La polémica surge mientras el Ejecutivo impulsa la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional. Dicha iniciativa contempla incentivos tributarios y medidas orientadas a promover inversiones en diversos sectores, incluido el ámbito inmobiliario.
En este escenario, la Contraloría deberá analizar los antecedentes presentados. Asimismo, determinará si existió o no alguna infracción a las normas de probidad y transparencia que rigen a las altas autoridades del Estado.
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