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Comisión para la Paz y el Entendimiento entrega documento a Gabriel Boric

Tras 22 meses de trabajo, la Comisión para la Paz y el Entendimiento entregó este lunes su informe final al Presidente Gabriel Boric, con 21 recomendaciones orientadas a la justicia, la reparación, la restitución de tierras y el desarrollo territorial, en un esfuerzo por avanzar hacia una solución estructural al histórico conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.

El documento, aprobado por siete de los ocho comisionados —cuatro de ellos mapuche y cuatro no mapuche—, propone reemplazar el actual sistema de restitución de tierras por mecanismos más flexibles, que contemplen tanto soluciones individuales como colectivas. Además, incorpora medidas de reparación para víctimas de hechos de violencia en la Macrozona Sur y plantea garantías de implementación que permitan avanzar con legitimidad y efectividad en los territorios.

Durante la ceremonia, el Presidente Boric valoró el trabajo voluntario de los miembros de la comisión, destacando su aporte al diálogo intercultural y reafirmando su rechazo categórico a la violencia y el terrorismo como vías de resolución. “No hay paz sin justicia”, enfatizó el mandatario.

La entrega del informe generó también reacciones políticas. La senadora Carmen Gloria Aravena no solo apoyó las propuestas, sino que anunció su renuncia al Partido Republicano, acusando presiones internas por respaldar el trabajo de la comisión. Figuras como el exministro Alfredo Moreno y el rector Carlos Peña también elogiaron el enfoque pragmático del informe, destacando que establece un nuevo marco para la relación entre el Estado y el pueblo mapuche.

Sin embargo, desde la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), su líder Héctor Llaitul criticó duramente la iniciativa, calificándola como una “farsa” y acusando a la comisión de representar intereses empresariales. En respuesta, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, reafirmó que la violencia no es el camino y llamó a todos los sectores a apostar por el diálogo y la convivencia pacífica.

El informe ahora será evaluado por el Ejecutivo, con la expectativa de que sus propuestas puedan marcar un punto de inflexión en uno de los conflictos más complejos del país.