A poco más de dos meses de que comience el esperado Campeonato Mundial de Rally, la realización del evento en Chile quedó en suspenso. La Contraloría General de la República decidió detener el contrato firmado entre el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y Horta Producciones, entidad encargada de organizar el Rally Mundial en sus ediciones 2025 y 2026.
Según el pronunciamiento oficial emitido por la Contraloría Regional del Biobío el 26 de junio, el acuerdo “no se ajusta a derecho”, debido a diversas inconsistencias legales. El documento, firmado por el contralor regional subrogante, Sebastián Castillo Fajardo, advirtió que existen observaciones que impiden cursar el acto administrativo y que deben ser corregidas antes de seguir adelante.
Falta de licitación pública y dudas en el uso de recursos
Uno de los puntos más críticos detectados fue la utilización de un trato directo por $8.500 millones, sin justificación suficiente para evitar una licitación pública. Además, la forma de rendición de cuentas y el destino de los fondos comprometidos para los años 2025 y 2026 fueron considerados poco claros, lo que compromete la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.
Multas sin efecto y cláusulas ambiguas
El informe también evidenció falencias en el sistema de sanciones del contrato. La cláusula de “multas graves” permite el término inmediato del contrato, pero no contempla sanciones económicas, lo que impide aplicar el máximo legal de multas de hasta 120 UTM. A juicio de Contraloría, esto debilita los mecanismos de control ante eventuales incumplimientos por parte de la empresa organizadora.
Asimismo, se cuestionó la ambigüedad del concepto “necesidades fundadas de mayor plazo”, que podría usarse para justificar retrasos sin una base sólida.
El futuro del Rally en Chile, en duda
Esta decisión deja en incertidumbre la realización del evento automovilístico en suelo nacional, y obliga al Estado a evaluar alternativas, entre ellas, abrir una nueva licitación pública. De no solucionarse pronto, el campeonato internacional podría incluso cambiar de sede, lo que generaría un duro golpe económico y turístico para la región del Biobío y el país.
Desde Contraloría recalcaron que este control preventivo busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y asegurar la correcta gestión de fondos públicos.