Si bien la ciudadanía suele asociar las “fallas en el Estado” exclusivamente al Gobierno central, un reciente informe de Contraloría reveló que la gran mayoría de los casos detectados —incluyendo escuelas y corporaciones— dependen de la administración municipal.
Una grave vulneración a los protocolos de protección a la infancia fue revelada por la Contraloría General de la República. El ente fiscalizador detectó que 72 entidades públicas del país mantuvieron contratadas a personas que poseen inhabilitación absoluta o perpetua para trabajar con menores de edad, pese a que ejercían funciones de contacto directo con niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con el Consolidado de Información Circularizada (CIC) Nº19, entre el año 2020 y agosto de 2025 se identificaron 164 casos de personas inhabilitadas contratadas por organismos públicos. La mayor parte de estos cargos se concentró en el ámbito educacional, desempeñándose como docentes, asistentes de la educación y auxiliares de aseo.
La responsabilidad local: Municipios en la mira
El informe detalla que, solo durante el año 2025, se detectaron 35 casos activos de personas que, pese a estar legalmente impedidas por antecedentes de delitos sexuales, continuaban trabajando.
El desglose de las instituciones involucradas evidencia que la problemática se concentra mayoritariamente en Municipalidades y Corporaciones Municipales, desmarcándose de la gestión directa del Gobierno central en la mayoría de los casos.
Entre las entidades municipales señaladas figuran:
- Región Metropolitana: Municipalidades de La Florida, Ñuñoa, La Pintana, El Bosque, San Miguel, El Monte y el Hospital Clínico El Carmen (Maipú).
- Regiones: Municipalidades de Concepción, Valdivia, Puerto Montt, Antofagasta, San Pedro de Atacama, Los Andes, Tomé, Constitución, entre otras.
Si bien el listado es liderado por administraciones locales, el informe también detectó irregularidades en algunos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) —como Atacama y Valdivia— y en Servicios de Salud dependientes del Ministerio.
Instrucción perentoria: Despidos inmediatos
La Contraloría recordó que el Decreto Ley Nº645 obliga a verificar el Registro de Inhabilidades antes de cualquier contratación. Ante la omisión de este deber, el organismo instruyó a las entidades a:
- Dar término inmediato a los contratos irregulares.
- Iniciar sumarios administrativos para sancionar a los funcionarios responsables de autorizar dichas contrataciones.
- Evaluar la restitución de remuneraciones pagadas indebidamente.
Las instituciones tienen un plazo máximo de cinco días hábiles para informar a la Contraloría el cumplimiento de estas medidas a través del sistema de inspección.