La Fiscalía Nacional entregó un nuevo informe elaborado por su División de Estudios y la Unidad Especializada de Derechos Humanos, con una radiografía detallada de los delitos ocurridos durante el estallido social. El documento da cuenta de la magnitud y diversidad de los hechos que marcaron el país entre octubre de 2019 y marzo de 2020, período en que se registraron 32.901 casos y 35.146 delitos, con 21.766 imputados conocidos y 20.727 víctimas.
Más allá de las cifras, el informe revela un panorama complejo: por un lado, miles de denuncias por violencia institucional; por otro, una oleada de saqueos, incendios y desórdenes públicos que tensionaron al sistema judicial y al país entero.
El auge de los delitos y la curva del conflicto
La concentración de delitos en los primeros meses fue abrumadora. Octubre y noviembre de 2019 concentraron más del 70% de los casos, reflejando la intensidad de las protestas y los enfrentamientos en las calles. Aunque los registros disminuyeron durante el verano, marzo de 2020 marcó un nuevo repunte, con 3.598 delitos (10,2% del total), justo antes del inicio de la pandemia.
Tipologías y protagonistas
El Ministerio Público clasificó los hechos en seis grandes categorías:
- Violencia institucional ejercida por agentes del Estado.
- Maltrato hacia funcionarios públicos.
- Incendios.
- Delitos contra la propiedad y saqueos.
- Desórdenes públicos.
- Fallecimientos en contexto de protesta.
El análisis muestra que la violencia institucional —hechos atribuidos a agentes del Estado— representa el 34,1% del total de delitos ingresados. Le siguen los saqueos y delitos contra la propiedad (31,7%), los desórdenes públicos (22,7%), el maltrato a agentes del Estado (9,4%) y los incendios (2,1%).
Santiago, epicentro del conflicto
Las Fiscalías Metropolitanas concentraron casi la mitad de los ingresos, con el 46,9% a nivel nacional. Dentro de ellas, la Fiscalía Metropolitana Oriente lidera con el 14,7%, seguida por Centro Norte (13,2%), Occidente (10,2%) y Sur (8,9%). En regiones, Valparaíso (8,6%) y Antofagasta (7,8%) destacan por su alto número de casos.
Un balance pendiente
A seis años del inicio del estallido, las cifras de la Fiscalía no solo dimensionan la magnitud del fenómeno, sino que reabren el debate sobre la responsabilidad del Estado, la proporcionalidad del uso de la fuerza y la eficacia del sistema judicial frente a una crisis sin precedentes.
El informe, más que cerrar una etapa, parece recordar que las heridas institucionales y sociales del estallido aún están lejos de sanar.