Un análisis de Déficit Cero basado en datos de la Casen 2009-2024 revela que el 40% de los hogares arrendatarios destina más del 30% de sus ingresos al alquiler.
El costo de los arriendos ha aumentado el nivel de presión económica que enfrentan los hogares en Chile. Un análisis elaborado por Déficit Cero, a partir de datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen, muestra que cuatro de cada diez hogares arrendatarios destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda.
Según el estudio, ese porcentaje alcanzó al 40% en 2024, equivalente a unos 774 mil hogares. En 2009, la proporción llegaba al 27%.
Déficit Cero utiliza como referencia el umbral del 30% establecido en los parámetros del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Superar ese nivel se considera un indicador de alto costo o inasequibilidad del arriendo.
La organización advierte que esta situación puede aumentar la vulnerabilidad de los hogares frente a gastos inesperados, como problemas de salud o pérdida de empleo.
El impacto en los hogares de menores ingresos
El análisis divide a los hogares en cinco grupos según sus ingresos provenientes del trabajo y otras fuentes propias, sin considerar las ayudas estatales.
Entre los hogares del quintil de menores ingresos que destinan más del 30% al arriendo, el alquiler representa el 64% de los ingresos.
En este grupo, la mediana de los recursos disponibles después de pagar la vivienda llega a aproximadamente 150 mil pesos para cubrir gastos como alimentación, transporte, salud y educación.
En el segundo quintil, el arriendo representa el 45% de los ingresos entre los hogares con alto gasto habitacional. Después de pagar el alquiler, la mediana disponible alcanza los 370 mil pesos.
En los quintiles tercero y cuarto, el arriendo absorbe cerca del 40% de los ingresos y los hogares disponen de alrededor de 500 mil pesos después de cubrir ese gasto.
En el quintil de mayores ingresos, el 10% de los hogares presenta un gasto en arriendo superior al 30%. En estos casos, el alquiler representa un 36% de los ingresos y la mediana disponible llega a 807.309 pesos.
La dificultad para acceder a una vivienda propia
El aumento de los costos habitacionales también afecta a hogares que buscan comprar una vivienda.
En entrevistas realizadas por Diario El País Chile, María Catalina Moya, educadora diferencial de 47 años, describe esta dificultad al señalar: “Para el Estado soy rica y para los bancos soy pobre”.
La trabajadora explica que sus ingresos resultan demasiado altos para acceder a determinados subsidios habitacionales, pero insuficientes para cumplir con las condiciones de un crédito hipotecario.
La situación también afecta a familias que intentan reunir recursos para postular a programas habitacionales.
Nickolle Silva, de 30 años, arrienda una vivienda en Maipú junto a su familia, según relató en una entrevista a Diario El País Chile. Comenzó pagando 250 mil pesos mensuales en 2021 y actualmente desembolsa 450 mil pesos.
“Entre la luz, el agua, el supermercado… no nos sobra nada a final de mes”, relata Silva en conversación con el medio.
Silva también postuló al subsidio habitacional DS1 y recurrió a un préstamo para reunir los recursos necesarios para mejorar sus posibilidades de postulación.
“Te piden 1,2 millones para postular. Yo llevaba desde 2017 juntando plata en la libreta de ahorro, pero no lograba ahorrar lo suficiente”, cuenta en la entrevista publicada por Diario El País Chile.
El costo de la vida aumenta la presión sobre los hogares
El análisis también recoge testimonios de familias que enfrentan mayores gastos en distintos servicios y productos.
Moya, en entrevista con Diario El País Chile, sostiene que la presión económica no se concentra únicamente en el arriendo y apunta al aumento general del costo de vida.
“A nosotros nos pagan en pesos y nos cobran en Unidades de Fomento (UF): los créditos, las tasas, la isapre”, afirma.
La trabajadora agrega: “El costo de vida es muy alto. Tengo que sobreexplotarme para hacer el dinero mensual”.
Otro caso corresponde a Diego Jamett, quien, según relató a Diario El País Chile, tuvo que trasladarse desde Santiago Centro hasta Pudahuel debido al costo del arriendo.
“Era la única prioridad”, explica sobre la necesidad de asegurar el dinero para pagar la vivienda.
Actualmente vive con su pareja y sus dos hijas. Entre ambos reúnen cerca de un millón de pesos mensuales y pagan 320 mil pesos de arriendo.
“Toda nuestra plata está orientada en el arriendo, en tener funcionando la casa”, señala Jamett en entrevista con el medio.
El trabajador agrega: “No hay ni para acceder a cultura, ni salir a comer. Nos alcanza justo para llegar a fin de mes”.
Las viviendas arrendadas también aumentaron
Los datos habitacionales también muestran un cambio en la estructura de tenencia de viviendas en Chile.
Según las cifras citadas en el análisis, los hogares propietarios pasaron de representar cerca de siete de cada diez en 2002 a seis de cada diez en 2024.
En el mismo período, los hogares que arriendan aumentaron desde un 17,7% hasta el 26,2%.
El crecimiento de los hogares arrendatarios se produce en un contexto marcado por mayores dificultades para acceder a una vivienda mediante compra y por el aumento de los costos asociados al financiamiento habitacional.
Propuestas para enfrentar los costos de arriendo
Déficit Cero plantea distintas medidas para abordar el problema. Una de ellas consiste en implementar un programa de concesiones de viviendas destinadas al arriendo.
La propuesta considera que el Estado aporte terrenos públicos y subsidie cerca del 25% del costo de construcción, mientras empresas privadas financien, construyan y administren los proyectos durante períodos de entre 25 y 30 años.
Según el planteamiento, las viviendas estarían dirigidas a hogares vulnerables y de sectores medios, con arriendos que no superen el 30% de los ingresos familiares.
La organización también propone fortalecer el Subsidio de Arriendo, conocido como DS52, mediante un monto que considere tanto el tramo del Registro Social de Hogares como el porcentaje de ingresos destinado al alquiler.
El objetivo de estas medidas es reducir la carga que representa actualmente el arriendo y facilitar la transición de las familias hacia una vivienda propia.
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