Auditoría del Gobierno de Kast revela riesgos fiscales por más de US$9.200 millones en período de Boric

La auditoría realizada por el Ejecutivo identificó pagos postergados, compras observadas y posibles irregularidades en organismos públicos entre 2022 y 2026.

El Gobierno informó este lunes la detección de alertas de riesgo fiscal por más de US$9.200 millones correspondientes al período de gobierno de Gabriel Boric, tras una auditoría realizada a más de 500 servicios públicos.

Según detalló el Ejecutivo, el proceso fue liderado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y contempló el análisis de más de 913 millones de datos relacionados con organismos estatales entre los años 2022 y 2026.

A raíz de los antecedentes recopilados, se instruyó abrir investigaciones en cuatro entidades públicas: la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, afirmó que la auditoría permitió detectar “errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias y, en algunos casos específicos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal”.

Pagos postergados y compras observadas

Entre los principales hallazgos, el Ejecutivo informó la existencia de US$3.200 millones en pagos postergados, cifra equivalente a cerca del 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Asimismo, se identificaron US$3.170 millones asociados a mecanismos de trato directo o compras ágiles que, según se indicó, podrían haberse realizado mediante licitaciones públicas u otros sistemas de compra planificados.

Entre las instituciones mencionadas en las observaciones figuran la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, el Servicio de Registro Civil e Identificación y diversos recintos hospitalarios del país.

La auditoría también detectó debilidades estructurales vinculadas a rendiciones incompletas, subejecución presupuestaria, incumplimientos contractuales, concursos públicos desiertos y recursos pendientes de recuperar por concepto de licencias médicas.