El Mandatario encabezó una reunión extraordinaria junto a representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo. El objetivo fue coordinar acciones frente a la investigación por más de 200 menores haitianos cuyo paradero es desconocido.
El caso de los niños haitianos ingresados a Chile bajo procesos de reunificación familiar y cuyo paradero es actualmente desconocido escaló este miércoles hasta el Palacio de La Moneda. Allí, el presidente José Antonio Kast encabezó una reunión de alto nivel con representantes de los tres poderes del Estado.
La cita tuvo como principal objetivo analizar los antecedentes detectados por la Contraloría. Además, se buscó coordinar una respuesta institucional frente a una investigación que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
En el encuentro participaron autoridades del Gobierno, representantes del Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones. También asistieron otros organismos vinculados a la protección de la infancia y al control migratorio.
La reunión se produce luego de que el Gobierno anunciara la creación de una fuerza de tarea interministerial para apoyar la búsqueda de menores haitianos. Su ingreso al país es investigado por la Fiscalía como un eventual caso de tráfico de personas. Además, se investigan otras irregularidades asociadas a procesos de reunificación familiar.
Según los antecedentes conocidos hasta ahora, más de 200 niños y adolescentes haitianos habrían ingresado a Chile entre 2024 y 2025 en vuelos chárter. Existen casos en que los adultos responsables no tendrían vínculos familiares acreditados con los menores. Por otra parte, la Fiscalía investiga posibles delitos de tráfico de migrantes, falsificación de documentos, cohecho y otras eventuales irregularidades.
Tras la reunión, autoridades señalaron que la prioridad es ubicar a los menores y garantizar su seguridad. También buscan determinar eventuales responsabilidades administrativas o penales derivadas de los hechos investigados.
El caso ha generado una amplia repercusión pública y ya motivó la creación de una comisión investigadora en el Congreso. Mientras tanto, continúan las diligencias para esclarecer el destino de los menores y el funcionamiento de la red que habría facilitado su ingreso al país.
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