El expresidente de Azul Azul fue sancionado por no realizar la acción en la adquisición de dicha concesionaria.
Este martes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que se le aplicó una multa de 20 mil UF al expresidente de Azul Azul Michael Clark. El empresario se encuentra en prisión preventiva en el marco del caso Sartor, donde se investigan distintos delitos de estafa y lavado de activos.
Otro de los delitos que se investiga es la omisión de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) en la adquisición de la Azul Azul. Es por esa arista —infringir las regulaciones de la Ley de Mercado de Valores— que se le multó a Clark por más de 820 millones de pesos esta jornada.
En noviembre de 2025, Clark ya había sido sancionado por el organismo financiero. En esa ocasión, se le multó con 65 mil UF por inversiones de los fondos en entidades relacionadas a los directores de Sartor. Además, se le prohibió ser director o ejecutivo de distintas entidades por cinco años.
Michael Clark omitió la OPA cuando adquirió Azul Azul
Según el comunicado de este martes de la CMF, el 13 de diciembre de 2024 Clark adquirió Asesorías e Inversiones Sartor S.A. La acción la realizó a través de Antumalal Limitada. Así, el empresario compró 6.354.981 cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, equivalentes al 90,07% del total de cuotas de dicho fondo.
Como el Fondo tenía participación en la propiedad de Azul Azul (63,07% de acciones serie B), Clark pudo tomar el control de la concesionaria. Así, el exdirigente deportivo tenía poder para asegurar la mayoría de los votos en las juntas de accionistas. También tenía derecho a elegir a la mayoría de sus directores.
Sin embargo, omitió la OPA que le obliga a realizar el artículo 199 de la Ley de Mercado de Valores. El fin de este reglamento es resguardar la equidad en el Mercado de Valores frente a una toma de control, de modo que todos los accionistas puedan concurrir a vender sus acciones en los mismos términos. De esta manera, los beneficios se reparten entre todos quienes participan de la propiedad de la sociedad.
La CMF calificó la omisión de la OPA como un hecho de «extrema gravedad». Ello, debido a que «privó a los accionistas de la posibilidad de concurrir a vender sus acciones en un procedimiento especialmente previsto para ello en la Ley».
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