La instancia encargada de analizar el libelo acusatorio concluyó que no existen fundamentos suficientes para respaldar la acción presentada contra el exministro de Hacienda, nicolás grau. Ahora será la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados la que deberá resolver el futuro de la acusación.
La comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados recomendó rechazar la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Esto ocurre en un nuevo capítulo de la controversia política surgida tras las diferencias detectadas en las proyecciones fiscales elaboradas durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
La acusación fue impulsada por parlamentarios de oposición, quienes atribuyen a Grau eventuales responsabilidades políticas por presuntas inconsistencias en las estimaciones de déficit y deuda pública contenidas en informes fiscales elaborados durante su gestión. El libelo fue ingresado a comienzos de junio. Además, contempla cuatro capítulos relacionados con el manejo de las finanzas públicas y el cumplimiento de obligaciones constitucionales en materia presupuestaria.
Tras varias jornadas de análisis, la comisión revisora concluyó que la acusación no reúne los antecedentes necesarios para prosperar. Por ello, recomendó a la Sala rechazar la acción. No obstante, dicho pronunciamiento no es vinculante. Así, la decisión definitiva quedará en manos de los diputados cuando el libelo sea sometido a votación.
Durante la tramitación, diversos economistas, académicos y especialistas en derecho constitucional expusieron ante la comisión. Según reportes conocidos durante el proceso, varios expertos manifestaron reparos respecto de los fundamentos jurídicos y técnicos de la acusación. Por ello, esto generó dudas sobre la viabilidad del libelo.
Por su parte, la defensa de Grau sostuvo que las diferencias detectadas en las proyecciones fiscales corresponden a criterios técnicos y estimaciones propias de la elaboración presupuestaria. Además, descartaron que existieran infracciones constitucionales o legales que justificaran una acusación constitucional. También argumentó que no existen precedentes similares en la historia reciente respecto de una acción de esta naturaleza. Esto se basa en que nunca antes una acción así se ha basado en discrepancias sobre proyecciones económicas.
La acusación se originó luego de que el actual Ministerio de Hacienda informara diferencias en las estimaciones de deuda pública y balance fiscal heredadas de la administración anterior. A raíz de esos antecedentes, parlamentarios de oposición decidieron recurrir a la acusación constitucional como mecanismo de fiscalización política.
Con el informe de la comisión ya emitido, la atención se traslada ahora a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Allí se definirá si la acusación continúa su tramitación o es desechada definitivamente.
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