Seis personas fueron detenidas tras una investigación que permitió rescatar a diez víctimas. El grupo enfrenta cargos por trata de personas, asociación criminal, lavado de activos y explotación sexual.
La Fiscalía de Calama y la Policía de Investigaciones (PDI) desarticularon una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en la capital de la provincia de El Loa, tras una investigación que se extendió por varios meses.
El operativo permitió la detención de seis ciudadanos peruanos, quienes fueron formalizados por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, asociación criminal y lavado de activos.
Según los antecedentes reunidos por la Agrupación Investigadora de Trata de Personas (Briant) de la PDI, la organización operaba al menos desde 2021 y captaba a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad mediante ofertas laborales falsas.
La investigación estableció que, una vez reclutadas, las víctimas eran trasladadas a distintos inmuebles administrados por la organización, donde permanecían bajo el control de los imputados y eran explotadas sexualmente para generar beneficios económicos.
Las diligencias comenzaron con el análisis de publicaciones en plataformas digitales que promocionaban servicios sexuales. A partir de esa información, la PDI desarrolló labores de inteligencia, análisis criminal y técnicas especiales de investigación que permitieron identificar a los integrantes de la red, su estructura y los inmuebles utilizados para desarrollar la actividad ilícita.
Con las órdenes judiciales correspondientes, los equipos policiales realizaron allanamientos simultáneos en diversos sectores de Calama. El procedimiento permitió rescatar a diez mujeres extranjeras consideradas víctimas de la organización e incautar dinero en efectivo, registros contables y dispositivos utilizados para procesar pagos electrónicos.
Además, la investigación incorporó antecedentes sobre el presunto funcionamiento financiero de la agrupación, detectando mecanismos destinados a ingresar al sistema formal recursos obtenidos a partir de la explotación de las víctimas, materia que forma parte de las diligencias por lavado de activos.
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