La acción deberá contar la autorización de un juez.
La noche de este lunes, el Senado aprobó con 37 votos a favor y una abstención una reforma migratoria. La ley ahora le entrega más facultades a la Policía de Investigaciones (PDI) para agilizar la expulsión de migrantes. Así, la policía podrá ingresar a los domicilios de aquellos extranjeros con órdenes de expulsión del país.
Ello no quiere decir que la PDI pueda entrar libremente a los domicilios. Para ejecutar la acción, deberán contar con un autorización previa de un juez de garantía. Sumado a ello, el proceso queda sujeto a requisitos legales.
El proyecto contempla que las autoridades puedan tener facilidades para la notificación de expulsión mediante solicitudes de información a otros organismos. Además, habrá restricciones para niños, niñas y adolescentes, y la prohibición de ingresos a recintos de educación y de salud.
La reforma también amplía el período de tiempo de reingreso para expulsados administrativamente, pasando de tres a cinco años de prohibición de entrar al país. También se fortalecerán los registros de de datos biométricos de migrantes en situación de irregularidad.
Durante la discusión parlamentaria del proyecto, surgieron dudas respecto al financiamiento para poder ejecutar las medidas de la reforma. Por ello, se pidió contemplar los recursos para este proyecto en el Presupuesto 2027.
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