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Estados Unidos flexibiliza sanciones a petrolera estatal venezolana y abre la puerta a exportaciones limitadas

En un giro relevante de su política exterior, la administración de Donald Trump autorizó este miércoles a empresas estadounidenses a reanudar negocios con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), permitiendo el retorno del crudo venezolano a los mercados internacionales bajo condiciones estrictas.

La decisión responde al aumento de los precios del petróleo a nivel mundial, impulsado por el conflicto en Medio Oriente y las interrupciones en rutas clave como el Estrecho de Ormuz. En este contexto, Washington busca incrementar la oferta energética y estabilizar los mercados.

El alivio de sanciones no implica una apertura total. Las autoridades estadounidenses establecieron que los pagos por el petróleo deberán canalizarse a través de cuentas supervisadas por EE. UU., evitando transferencias directas a entidades sancionadas. Asimismo, se excluyen operaciones que involucren a países como Rusia, Irán o Corea del Norte, y se mantienen prohibiciones sobre transacciones con deuda venezolana o pagos en oro y criptomonedas.

Además, solo podrán participar compañías que ya operaban antes del 29 de enero de 2025, bajo un esquema de licencias selectivas. La medida busca reactivar gradualmente la industria petrolera venezolana sin ceder completamente el control financiero.

En paralelo, la Casa Blanca anunció la suspensión temporal por 60 días de la Ley Jones, normativa que regula el transporte marítimo entre puertos estadounidenses. Según el gobierno, esta flexibilización permitirá reducir costos logísticos y facilitar el flujo de recursos energéticos dentro del país.

Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, ha visto caer drásticamente su producción en las últimas décadas debido a sanciones y falta de inversión, pasando de millones de barriles diarios a niveles considerablemente más bajos.

La medida ha generado cuestionamientos desde distintos sectores, que advierten que la flexibilización podría beneficiar a estructuras de poder aún cuestionadas por denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos, por parte de Washington.