Formalizan a dentista en Punta Arenas por negligencia que costó 9 dientes a paciente de programa estatal

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas comunicó formalmente la apertura de una investigación en contra de una dentista por su presunta responsabilidad en un tratamiento odontológico fallido, el cual habría provocado graves secuelas físicas a una paciente del sistema público de salud.

Los hechos se remontan a octubre de 2019, cuando la afectada ingresó al programa estatal “Sonrisa de Mujer” en el Cesfam Mateo Bencur. Según los antecedentes expuestos en la audiencia, tras un mes de intervención, la paciente comenzó a experimentar molestias severas y la retracción de sus encías. Tras buscar una segunda opinión, se determinó que el procedimiento ejecutado no era el adecuado para su condición clínica.

Consecuencias y Proceso Judicial

Como resultado de la presunta mala praxis, la denunciante sufrió la pérdida de nueve piezas dentales, situación que ha mermado drásticamente su capacidad para hablar, comer y beber de forma regular. Cabe destacar que este caso ya cuenta con un fallo de la Corte de Apelaciones en sede civil, el cual confirmó previamente la existencia de una atención negligente.

Durante la audiencia realizada el pasado jueves 9 de abril, el Ministerio Público formalizó cargos por el cuasidelito de lesiones, basándose en informes técnicos que respaldarían la tesis de una atención de salud deficiente. Tras la exposición de los cargos, el tribunal decretó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.

Declaraciones de la Querella

El abogado querellante, Juan Srdanovic Arcos, calificó lo sucedido como una vulneración a los estándares mínimos de atención.

«Este caso evidencia una vulneración grave a los estándares mínimos de atención en salud. Se falló en los cuidados básicos que cualquier paciente merece recibir», señaló el jurista.

La representación de la víctima adelantó que continuarán con las acciones legales hasta lograr una solución integral para la afectada. Por su parte, el proceso se mantiene bajo el principio de presunción de inocencia, a la espera de que la justicia determine la sentencia definitiva tras el periodo de investigación.