El Ejecutivo anunció la creación de un equipo especial para localizar a más de 200 menores haitianos cuyo paradero es desconocido. Esto ocurre en medio de una investigación por presunto tráfico de personas y graves irregularidades detectadas en procesos de reunificación familiar. Además, la situación de los niños haitianos preocupa especialmente a las autoridades por su vulnerabilidad.
El Gobierno informó la activación de una fuerza de tarea interinstitucional destinada a ubicar a los niños, niñas y adolescentes haitianos cuyo paradero se desconoce tras ingresar a Chile bajo la figura de reunificación familiar. Esta medida surge luego de que investigaciones de la Fiscalía y antecedentes recopilados por organismos fiscalizadores detectaran una serie de irregularidades en estos procesos migratorios.
Según los antecedentes conocidos hasta ahora, más de 200 menores haitianos habrían ingresado al país entre 2024 y 2025 en vuelos chárter. Lo hicieron acompañados por adultos que, en algunos casos, no tendrían vínculos familiares acreditados con ellos. Por eso, la situación derivó en una investigación por posibles delitos de tráfico de personas, trata de menores, falsificación de documentos y otras eventuales irregularidades.
La fuerza de tarea estará integrada por organismos como el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y entidades vinculadas a la protección de la infancia. El objetivo prioritario es determinar el paradero de los menores y verificar sus condiciones de seguridad.
El caso se originó tras un preinforme de la Contraloría que detectó fallas en los controles migratorios y en la validación de los adultos responsables que acompañaban a los menores. Además, fiscalizaciones posteriores no lograron ubicar a decenas de niños en los domicilios registrados oficialmente.
Paralelamente, la Fiscalía unificará diversas investigaciones relacionadas con estos ingresos para establecer si existió una red organizada detrás de los traslados. También buscará determinar eventuales responsabilidades administrativas y penales.
El caso ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Por ello, organismos de protección de la infancia han insistido en la necesidad de esclarecer rápidamente la situación de los menores involucrados.
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