El Gobierno llegó a un entendimiento con cerca de 40 cooperativas de vivienda que agrupan a unas 3.700 familias asentadas en la megatoma de San Antonio. La propuesta, conocida este martes, considera la expropiación de 100 hectáreas del predio, que en total abarca 215, con el fin de desarrollar proyectos habitacionales en el lugar.
De acuerdo con información recopilada por Radio ADN, la medida busca abordar la situación de unas 4.100 familias que actualmente residen en el terreno, estimadas en alrededor de 10 mil personas. Las autoridades han calificado el escenario como una “crisis humanitaria” que requiere una intervención inmediata.
El entendimiento se da mientras sigue vigente la orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que instruyó a la Municipalidad de San Antonio y al Ejecutivo a ejecutar un desalojo en un máximo de 30 días, plazo que culmina este jueves 4 de diciembre. Desde La Moneda señalaron que el cumplimiento del fallo será compatible con el avance del plan habitacional, y que el desalojo se realizará por etapas, iniciando en los sectores que no serán parte de la expropiación.
El Gobierno además evalúa la habilitación de albergues temporales para las familias que deban abandonar el lugar, mientras se avanza en los procesos de regularización y en la futura construcción de viviendas. Los detalles del plan deberán ser formalizados antes del vencimiento del plazo judicial.