A pocas semanas de las elecciones presidenciales, el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia (PNB) ha vuelto al centro del debate político. La iniciativa del Gobierno, creada para esclarecer las circunstancias de desaparición forzada de víctimas de la dictadura militar, ha sido objeto de críticas y defensas por parte de distintos sectores.
Durante el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), la candidata Evelyn Matthei afirmó que el plan “no es búsqueda, es venganza”, mientras que el diputado Johannes Kaiser calificó el trabajo del Servicio Médico Legal como una “estafa”. Desde el Ejecutivo, la vocera Camila Vallejo respondió que “el Plan Nacional de Búsqueda es todo lo contrario a la venganza, es hacer justicia”.
¿Qué es el Plan Nacional de Búsqueda?
El PNB fue oficializado en agosto de 2023 mediante un decreto publicado en el Diario Oficial el 10 de noviembre del mismo año. Su objetivo es esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar, así como determinar su paradero.
Según cifras oficiales, durante ese periodo 1.469 personas fueron víctimas de desaparición forzada, de las cuales solo 307 han sido encontradas e identificadas.
Antes del PNB, la búsqueda se realizaba a través de mecanismos parciales, como comisiones de verdad o causas judiciales. El plan introduce por primera vez una política pública permanente, centralizada y coordinada, que reúne a familiares, instituciones estatales y organizaciones de derechos humanos.
Cómo funciona
El plan es ejecutado por el Programa de Derechos Humanos (PDH), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que coordina la búsqueda de las víctimas y la reconstrucción de sus trayectorias.
Entre sus estructuras clave se encuentra el Comité de Seguimiento y Participación, que reúne a familiares de detenidos desaparecidos, académicos, el INDH y organizaciones de derechos humanos. Este comité asesora y entrega recomendaciones para la implementación del plan.
Además, el Gobierno creó un Área de Búsquedas y Trayectorias, encargada de identificar los lugares de detención, traslado, tortura, prisión política o ejecución, y los puntos donde se perdió el rastro de las víctimas.
Avances del primer año
A un año de su implementación, en diciembre de 2024, el Gobierno destacó varios hitos:
Primer catastro de Sitios de Interés para la Búsqueda.
Conformación del Área de Búsquedas y Trayectorias.
Más de 40 diligencias en sitios de interés durante 2024.
Identificación de 36 mil unidades documentales en archivos públicos.
Más de 1.200 familiares participaron en encuentros a nivel nacional.
Financiamiento y fiscalización
El financiamiento del PNB proviene del Presupuesto Nacional, con partidas asignadas al Ministerio de Justicia y otros servicios involucrados. Para 2025, el Programa de Derechos Humanos cuenta con un monto aprobado de $1.706 millones, aunque el presupuesto vigente asciende a $1.914 millones, según datos de Emol.
El decreto establece que la Subsecretaría de Derechos Humanos debe informar trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos sobre el avance del plan, y mensualmente a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, mediante un registro actualizado de casos.
Los tres ejes del Plan
El Plan Nacional de Búsqueda se estructura sobre tres ejes fundamentales:
Verdad y justicia: esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte, identificar a las víctimas y restituir sus restos.
Participación y acceso a la información: asegurar que familiares y sociedad civil participen y conozcan los avances de la búsqueda.
Reparación y no repetición: promover la memoria, la atención integral a familiares y la sensibilización sobre la desaparición forzada.
Pese a las controversias políticas, el Ejecutivo ha insistido en que el plan “busca saldar una deuda histórica con las familias y con el país”, integrando por primera vez una política estatal de búsqueda activa, permanente y con perspectiva de derechos humanos.