En cuatro casos, se derivaron los antecedentes al Ministerio Público para determinar potenciales delitos.
Este martes se llevó a cabo la última sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno, encargados de realizar la «Inspección Total», que revisó información del período 2022-2026 de más de 500 servicios gubernamentales.
En el proceso, se analizaron más de 913 millones de registros, por más de mil auditores, que dieron paso a 360 programas de auditorías internas. Ahí, se detectaron 1.529 hallazgos de posibles desviaciones, debilidades o incumplimientos.
Del total de hallazgos, 118 cuentan con recomendación del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) para la realización de sumarios que determinen la existencia responsabilidades individuales.
Además, se priorizaron nueve servicios que requerían de un análisis especial, en los que se derivaron investigaciones a distintos organismos, según la naturaleza de los antecedentes. Siete de ellos se derivaron a la Contraloría, otros cinco al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y cuatro de ellos al Ministerio Público. Estos últimos corresponden a la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría de la Mujer, la Subsecretaría de Deportes y la Junaeb.
Tras esto, el Comité, presidido por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, preparará un informe para hacerlo llegar al presidente José Antonio Kast. También, dicho informe se le entregará a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado.
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