La iniciativa busca impedir un aumento tarifario estimado en cerca de un 4%. Además, busca ordenar una deuda acumulada de US$800 millones en el sistema eléctrico y extender el subsidio para los hogares más vulnerables.
El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley de Protección Tarifaria Eléctrica que busca evitar nuevas alzas en las cuentas de la luz. Asimismo, busca regularizar deudas acumuladas en el sector y asegurar la continuidad de beneficios destinados a los hogares más vulnerables del país. La propuesta fue presentada con discusión inmediata y comenzó su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa, denominada “Ordenemos la Cuenta”, apunta a resolver una deuda acumulada cercana a los US$800 millones que mantienen los consumidores con las empresas distribuidoras de energía. Este monto se originó principalmente por el retraso en la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024. Este proceso fue postergado durante los años de pandemia y tras el estallido social.
Según explicó el Ministerio de Energía, la propuesta contempla un mecanismo similar al utilizado anteriormente para resolver la deuda generada por el congelamiento de tarifas eléctricas. De esta forma, una entidad financiera asumiría el pago total de la deuda con las distribuidoras. Mientras tanto, los usuarios la devolverían gradualmente a través de un cargo incorporado en las tarifas entre 2028 y 2035.
La ministra de Energía, Ximena Rincón, sostuvo que uno de los principales objetivos es evitar que los consumidores enfrenten un incremento inmediato en sus cuentas. De acuerdo con la autoridad, sin este mecanismo las tarifas eléctricas podrían aumentar aproximadamente un 4% en los próximos años.
Otro de los aspectos relevantes del proyecto es la extensión del Subsidio Eléctrico hasta 2027. El beneficio está dirigido al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. Asimismo, busca mitigar el impacto económico de las tarifas energéticas en los sectores de menores ingresos.
La propuesta también incorpora medidas orientadas a otorgar mayor certeza regulatoria al sector y fortalecer la seguridad del suministro eléctrico. Entre ellas se contempla la posibilidad de revisar determinados contratos de largo plazo entre empresas generadoras y clientes regulados. El objetivo es mejorar las condiciones tarifarias futuras.
Desde el Ejecutivo esperan que el proyecto avance con rapidez en el Congreso durante las próximas semanas, considerando que fue ingresado con urgencia legislativa. Además, la iniciativa forma parte de una serie de medidas impulsadas para estabilizar el sistema eléctrico y contener el impacto de los costos energéticos sobre las familias chilenas.
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