Gobierno remueve a primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas

La salida de Macarena Cortés generó cuestionamientos desde gremios ligados a la asistencia judicial

El Gobierno decidió remover de su cargo a Macarena Cortés como directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Esta institución fue creada recientemente y su implementación continúa en desarrollo.

La abogada se había convertido en la primera autoridad en asumir la dirección del organismo. Sin embargo, no alcanzó a cumplir seis meses en el cargo antes de que se solicitara su salida.

De acuerdo con antecedentes publicados por La Tercera, la decisión se produjo tras una reunión sostenida con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva. En dicha instancia se le habría pedido la renuncia.

Según la información conocida, Macarena Cortés mantenía una evaluación positiva al interior de la administración del Presidente José Antonio Kast. No obstante, la decisión estaría relacionada con la intención del Ejecutivo de otorgar un nuevo enfoque a la entidad.

Desde el Gobierno señalaron que el reemplazo de la ahora exdirectora será definido mediante el sistema de Alta Dirección Pública.

Fenadaj advierte riesgos para implementación del servicio

La desvinculación fue cuestionada por la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj). Este organismo agrupa a trabajadoras y trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial.

A través de un comunicado público, la organización manifestó su rechazo a la salida de Cortés. Además, advirtió que el cambio de liderazgo no debe afectar el avance de la reforma en curso.

La presidenta de Fenadaj, Victoria Escalante, sostuvo que la implementación del nuevo servicio requiere continuidad técnica y política. Además, indicó que las condiciones laborales de quienes integran actualmente el sistema de asistencia jurídica deben ser consideradas dentro del proceso.

“La creación de esta nueva institucionalidad responde a una demanda histórica”, señaló Escalante. Además, agregó que durante años las y los funcionarios han debido enfrentar precarización, sobrecarga laboral y falta de reconocimiento institucional.

Finalmente, el gremio llamó al Ejecutivo a actuar “con responsabilidad y celeridad”. El objetivo es resguardar el acceso a la justicia para personas vulnerables y fortalecer una institucionalidad moderna y estable.