El inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast ha estado marcado por una revisión profunda de los actos administrativos del gobierno anterior, lo que ha derivado en el retiro de 100 decretos desde la Contraloría General de la República (CGR). Entre ellos, destaca el Decreto N°10 del Ministerio del Trabajo, una pieza clave que buscaba perfeccionar los procesos de investigación bajo la Ley Karin.
El propósito del decreto retirado
La modificación, impulsada durante la gestión de Gabriel Boric, tenía como objetivo fortalecer los reglamentos de investigación sobre acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Según Ximena Valencia, exjefa de asesores de la cartera, el cambio buscaba resguardar la perspectiva de género y evitar la revictimización, tras detectar una alta tensión en los procesos institucionales debido al volumen de denuncias.
Visiones encontradas
Desde la actual administración, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, defendió la medida argumentando que no se trata de una desprotección, sino de una pausa necesaria para el análisis. «Estamos revisando el decreto para asegurar un nuevo reglamento cuya implementación sea efectiva y realmente proteja a las personas», afirmó la autoridad, descartando un debilitamiento de la ley.
Sin embargo, la decisión generó reacciones inmediatas en el Congreso. La diputada Ana María Gazmuri (AH) calificó el retiro como «inaceptable», asegurando que la medida debilita la protección a las víctimas justo antes de la aplicación plena de la normativa.
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