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«Hachazo» presupuestario: Gendarmería pierde $17 mil millones y DD.HH. sufre su golpe más duro

El Ministerio de Hacienda concretó este jueves un masivo recorte de 46 mil millones de pesos al Ministerio de Justicia mediante un decreto de la Dipres, afectando principalmente las arcas de Gendarmería y los Sitios de Memoria. La medida se ejecutó tras la toma de razón de la Contraloría General de la República, como parte del ajuste del 3,1% aplicado a la repartición en Santiago.

La Contraloría General de la República validó el decreto que formaliza la reducción de fondos en la cartera liderada por el ministro Fernando Rabat. De la cifra total, Gendarmería de Chile es la institución que enfrenta la mayor disminución nominal, con una pérdida exacta de 17.030 millones de pesos para su ejercicio 2026. Desde el Ministerio señalaron que, pese a la magnitud, la cifra representa el 2,4% de su presupuesto anual de 634 mil millones.

Sin embargo, el impacto más crítico en términos porcentuales recayó sobre la Subsecretaría de Derechos Humanos. Pese a que el monto es menor en comparación al de la policía penitenciaria, el recorte de 870 millones de pesos significa una pérdida del 9,2% de sus fondos totales. Este ajuste afecta directamente el ítem destinado a los Sitios de Memoria, que perderá 800 millones de pesos, comprometiendo el mantenimiento y la operación de estos espacios históricos.

El ajuste ordenado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se extendió a todos los servicios dependientes de la cartera. Entre las reparticiones afectadas figuran la Secretaría y Administración General con 10.000 millones menos, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil con una baja de 7.600 millones, la Defensoría Penal Pública con 2.000 millones y el Servicio Médico Legal con una reducción de 1.600 millones de pesos.

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Desde el Ministerio de Justicia indicaron que el diseño de esta reducción de recursos buscó resguardar la atención ciudadana y los servicios considerados críticos, especialmente los fondos destinados a la persecución penal, en medio de un escenario marcado por el traspaso de funciones hacia la nueva institucionalidad de seguridad del país.