El tribunal estimó que el tiempo transcurrido permitía reemplazar la prisión preventiva del exdiputado por otras medidas cautelares.
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó este jueves la prisión preventiva que cumplía el exdiputado Joaquín Lavín León y ordenó sustituirla por arresto domiciliario total.
La decisión dejó sin efecto la resolución adoptada días antes por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que había mantenido al exparlamentario privado de libertad.
Además del arresto domiciliario total, Lavín León quedó sujeto a arraigo nacional y a la prohibición de comunicarse con otros imputados y testigos vinculados con la causa.
Corte consideró el tiempo transcurrido
La Segunda Sala adoptó la resolución por mayoría y estuvo encabezada por el ministro Juan Cristóbal Mera. El pronunciamiento ocurrió después de que la defensa apelara la decisión del tribunal de primera instancia.
Según el fallo, el tiempo transcurrido constituía un antecedente nuevo y suficiente para concluir que la prisión preventiva ya no resultaba necesaria.
Investigación contra Joaquín Lavín León
El Ministerio Público investiga al exdiputado por presuntas irregularidades que, según la Fiscalía, habrían provocado un perjuicio de al menos $189 millones al Congreso Nacional entre 2015 y 2026.
Uno de los hechos atribuidos corresponde a la presunta rendición de 32 facturas ideológicamente falsas de Imprenta MMG entre 2015 y 2022. Estos documentos sumaban $18,8 millones y, de acuerdo con la acusación, habrían permitido pagar deudas electorales con recursos públicos.
La investigación también aborda el desarrollo de la plataforma digital SocialTazk, creada en 2017 para gestionar bases de datos electorales. La Fiscalía sostiene que el proyecto habría sido financiado íntegramente con fondos del Congreso.
Otro antecedente corresponde a la contratación de Belén Carrasco Riquelme como asesora parlamentaria entre 2014 y 2022. Según el Ministerio Público, desde 2018 no habría realizado funciones, pese a que el Congreso habría desembolsado al menos $39,4 millones por ese concepto.
Finalmente, la acusación incluye un presunto delito de tráfico de influencias. La Fiscalía afirma que Lavín León habría utilizado su condición de cónyuge de la entonces alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para instalar en cargos directivos municipales a personas de su confianza.
Los antecedentes forman parte de una investigación en curso, por lo que las imputaciones deberán acreditarse durante el proceso judicial.
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