El Ejecutivo busca orientar las denuncias y reducir los tiempos de respuesta, mientras expertos plantean filtros y fiscalizaciones preventivas.
La Ley Karin cumplió dos años desde su entrada en vigencia con más de 68 mil denuncias, miles de investigaciones fuera del plazo establecido y una Dirección del Trabajo (DT) sobrecargada.
Aunque la normativa instaló la prevención del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo como una prioridad, su aplicación ha enfrentado dificultades. Las principales críticas apuntan al elevado volumen de casos y a las demoras del organismo fiscalizador.
Ante este escenario, el Gobierno prepara modificaciones reglamentarias destinadas a orientar mejor las denuncias y agilizar su tramitación. El Ejecutivo constató que una proporción relevante de las presentaciones corresponde a conflictos de clima laboral u otras materias que no están reguladas por la ley.
Gobierno reconoce saturación de la Dirección del Trabajo
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció que la implementación de la normativa ha provocado una fuerte presión sobre la DT.
“No es un misterio que la implementación de la ley ha tenido un alto número de denuncias y tiene saturada a la Dirección del Trabajo”, señaló.
De acuerdo con la autoridad, los ajustes buscarán canalizar por otras vías las situaciones que no correspondan a acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo.
“Un gran porcentaje de las denuncias recibidas no tienen que ver con la Ley Karin, tienen que ver más con clima laboral u otro tipo de cosas. Esas denuncias se pueden canalizar por otro canal”, explicó.
El secretario de Estado también reconoció que algunas respuestas están tardando entre ocho y diez meses. Por ello, aseguró que el nuevo reglamento tendrá entre sus objetivos reducir los tiempos de tramitación.
Demoras afectan a trabajadores y empresas
Marcela Guzmán, socia de Deloitte Legal, y Andrea Inostroza, directora de la misma entidad, advirtieron que los retrasos afectan tanto a quienes presentan una denuncia como a los empleadores.
Según explicaron, los trabajadores pueden percibir que la ley no funciona adecuadamente. En paralelo, los procedimientos prolongados dificultan que las empresas adopten decisiones y supervisen las medidas de resguardo.
Las especialistas estimaron que cerca del 45% de las denuncias no corresponde a situaciones de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo.
Además, señalaron que incluso las presentaciones posteriormente desestimadas pueden generar costos para las organizaciones, desgaste interno y exposición reputacional. Las pequeñas y medianas empresas enfrentarían mayores dificultades debido a sus recursos limitados y a la falta de equipos especializados.
En este contexto, plantearon que el desafío ya no consiste solamente en disponer de protocolos y canales de denuncia. También se requiere coordinar adecuadamente las investigaciones, proteger la confidencialidad y aplicar a tiempo las medidas de resguardo.
Estudio detectó incumplimiento de plazos
Un informe del Instituto Libertad, elaborado por el abogado e investigador Aldo Herrera con datos oficiales obtenidos mediante Transparencia, examinó más de 66.500 solicitudes ingresadas a la DT entre agosto de 2024 y diciembre de 2025.
Según el estudio, el 16,6% de las solicitudes fue calificado como una vulneración efectiva de la normativa, mientras que el 83,4% restante fue descartado.
El documento también indicó que la fiscalización fue exclusivamente reactiva durante los primeros 17 meses de vigencia. En ese periodo, la DT efectuó 1.214 fiscalizaciones, todas originadas por denuncias, sin registrar inspecciones preventivas de oficio.
De las 1.284 materias fiscalizadas, 723 terminaron con multas, cifra equivalente al 56,3% del total.
Asimismo, el 87,8% de las 8.529 investigaciones concluidas superó el límite de 30 días hábiles. El tiempo promedio de tramitación llegó a 103 días hábiles y el 23,1% de las causas permanecía pendiente al cierre del periodo estudiado.
El informe agregó que la tasa de rechazo de los reportes internos elaborados por empresas bajó desde un 19,2% en agosto de 2024 hasta un 6,1% en diciembre de 2025. Sin embargo, la DT incumplió el plazo para pronunciarse en el 57,9% de esos informes y demoró, en promedio, 69,2 días hábiles en cerrar los expedientes.
Expertos plantean filtros y fiscalización preventiva
Herrera sostuvo que la normativa requiere un perfeccionamiento urgente. Entre sus propuestas mencionó incorporar filtros de admisibilidad para las denuncias, fortalecer la capacidad de fiscalización preventiva de la DT y equilibrar las exigencias aplicables al Estado y a los empleadores.
También propuso establecer mecanismos como el “silencio administrativo positivo” cuando la autoridad no respete sus propios plazos. A su juicio, estos ajustes permitirían proteger a las víctimas y reducir la incertidumbre para trabajadores y empresas.
Por su parte, las especialistas de Deloitte Legal enfatizaron que los empleadores deben continuar fortaleciendo la capacitación y la prevención, pese a la sobrecarga institucional que enfrenta la Dirección del Trabajo.
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