Muere Juan Aliste Vega condenado por el asesinato del cabo Luis Moyano

El exintegrante del Movimiento Lautaro falleció a los 53 años en el Hospital Penitenciario de Santiago, donde permanecía internado por un cáncer terminal. Gendarmería confirmó el deceso y activó los protocolos correspondientes.

Juan Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro y condenado a 42 años de prisión por diversos delitos, murió este domingo a los 53 años en el Hospital Penitenciario de Santiago.

El exlautarista permanecía hospitalizado desde el 19 de agosto debido a un cáncer terminal en etapa cuatro. Según informó Gendarmería de Chile, el interno sufrió una descompensación y recibió atención del personal de salud, que constató su fallecimiento a las 8:39 horas.

Condena por el asesinato del cabo Luis Moyano

Aliste Vega cumplía una pena de 42 años de cárcel por distintos delitos, entre ellos el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano, ocurrido en octubre de 2007 durante un asalto a una sucursal bancaria en Santiago.

El exintegrante del Movimiento Lautaro comenzó a cumplir su condena el 22 de julio de 2010. La fecha de término de la pena estaba fijada para el 9 de junio de 2053.

Había solicitado indulto por razones humanitarias

En las últimas semanas, Aliste Vega solicitó un indulto al Presidente José Antonio Kast para terminar de cumplir su condena junto a su familia, debido al deterioro de su estado de salud.

La petición se presentó después de que la Corte Suprema confirmara el rechazo a un recurso de su defensa que buscaba modificar las condiciones de cumplimiento de la pena.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, había confirmado que la solicitud ingresó el 5 de octubre y señaló que el Ejecutivo revisaría sus antecedentes. En ese momento, precisó que no existía una decisión adoptada.

La petición también recibió el respaldo de Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano, quien defendió la posibilidad de otorgar el beneficio por motivos humanitarios.

Gendarmería informó a la Fiscalía y familiares

Tras confirmar la muerte, Gendarmería activó los protocolos correspondientes. La institución dispuso que su equipo psicosocial comunicara lo ocurrido a los familiares y notificó a la Fiscalía.

El fallecimiento se produjo mientras la solicitud de indulto había generado atención pública debido a la gravedad de la enfermedad que afectaba al condenado y a la pena que cumplía por delitos cometidos entre las décadas de 1990 y 2000.

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