Tras la controversia por la reducción de 46 condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, La oposición impulsa una acusación constitucional y parlamentarios oficialistas también cuestionan su continuidad.
El Presidente José Antonio Kast ratificó su respaldo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de las críticas por la rebaja de 46 condenas a personas sentenciadas por abusos sexuales y violación de menores. La controversia ha generado cuestionamientos desde la oposición y sectores del oficialismo.
Durante una reunión con ministros y asesores, Kast descartó la salida de Rabat y optó por mantenerlo en el gabinete, pese a las recomendaciones de quienes advirtieron sobre el costo político de la decisión.
El Mandatario reconoció públicamente el error político del caso y reafirmó el compromiso de su administración con la protección de las víctimas. Sin embargo, la explicación del Ejecutivo no ha logrado frenar las críticas por el manejo de la situación.
Críticas transversales
La oposición ha emplazado al Gobierno a remover al secretario de Estado y prepara una acusación constitucional en su contra. A estas presiones se sumaron parlamentarios oficialistas que cuestionan su permanencia y han planteado la posibilidad de respaldar la iniciativa.
Entre ellos, el diputado de la UDI Hotuiti Teao manifestó que, según su evaluación actual, votaría a favor de la acusación constitucional. Otros legisladores han señalado que esperarán las explicaciones del ministro antes de definir su postura.
El Gobierno busca no llegar a una AC
Desde La Moneda, el Ejecutivo ha defendido la legalidad de las actuaciones y sostiene que la Cámara de Diputados debe evaluar los antecedentes antes de adoptar una decisión. El subsecretario vocero Gonzalo Arenas también llamó a los parlamentarios oficialistas a escuchar la presentación de Rabat.
El ministro, por su parte, ha reiterado su confianza en el respaldo presidencial. Su continuidad permanece en el centro del debate político, mientras el Gobierno enfrenta presiones para aclarar los procedimientos que permitieron las rebajas de condenas.
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