La acción apunta a las rebajas de condenas otorgadas a condenados por delitos sexuales contra menores y violaciones a los derechos humanos, además de presuntas irregularidades ante el Congreso.
Las bancadas de oposición concretaron este jueves el ingreso de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la discusión del Presupuesto en la Cámara de Diputados.
La presentación se realizó a las 20:00 horas y reunió las firmas de parlamentarios del Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Liberal y Democracia Cristiana.
Entre los diputados que respaldaron la iniciativa figuran Raúl Leiva, Marcos Barraza, Daniela Serrano, Jorge Brito, Emilia Schneider, Juan Santana, Luis Malla, Jorge Díaz y Javier Muñoz.
Tras el ingreso del documento, Leiva destacó la coordinación alcanzada entre las distintas fuerzas opositoras y defendió los fundamentos de la acción parlamentaria.
“Esto es un hecho inédito que ha permitido articular a toda la oposición con la convicción jurídica y política de que estamos haciendo lo correcto”, afirmó el diputado socialista.
Por su parte, la frenteamplista Emilia Schneider cuestionó la actuación del ministro y sostuvo que el Gobierno habría desatendido a las víctimas de delitos sexuales contra menores y de violaciones a los derechos humanos. “El gobierno del presidente Kast, a través del ministro Rabat, le dio la espalda a las víctimas”, manifestó.
La parlamentaria también acusó al secretario de Estado de entregar información falsa ante la Cámara de Diputados y pidió que se determinen las responsabilidades correspondientes.
En tanto, Andrea Parra, jefa de la bancada del PPD, argumentó que el ministro habría excedido sus atribuciones constitucionales al adoptar decisiones relacionadas con las rebajas de condenas.
Los 3 ejes de la acusación constitucional
El libelo presentado por la oposición contempla al menos tres capítulos que cuestionan distintas actuaciones del titular de Justicia.
El primero aborda las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Los parlamentarios sostienen que estas decisiones habrían desconocido normas de protección de la infancia y disposiciones legales vigentes desde 2022 que excluyen estos delitos de determinados beneficios penitenciarios.
El segundo apartado se refiere a las reducciones de penas concedidas a condenados por delitos de lesa humanidad. En este punto, la oposición plantea que no se habrían cumplido las exigencias establecidas para entregar beneficios penitenciarios a personas responsables de este tipo de crímenes.
Finalmente, el tercer capítulo apunta a una eventual vulneración del principio de probidad, debido a antecedentes que el ministro habría entregado al Congreso durante una sesión de fiscalización.
Con el ingreso de la acusación, la Cámara de Diputados deberá iniciar la tramitación del procedimiento constitucional, instancia en la que se analizarán los argumentos presentados por la oposición y los descargos del secretario de Estado.
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