El Movilh pagó la multa de 5 UTM para evitar la reclusión del activista Gonzalo Velásquez y anunció acciones legales para revertir la sanción.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció un “grave precedente” luego de que el Juzgado de Policía Local de Santiago sancionara con una multa de 5 UTM por supuestos “ruidos molestos” al activista Gonzalo Velásquez. Él es responsable de gestionar los permisos de la Marcha del Orgullo.
Los hechos que dieron origen al procedimiento habrían ocurrido durante la Marcha del Orgullo del 21 de junio de 2025, frente al Palacio de La Moneda. Según informó la organización, el proceso derivó posteriormente en una orden de reclusión contra Velásquez.
Ante esa situación, el Movilh decidió pagar la multa para evitar que el activista fuera detenido.
“Debido a que nuestro activista tiene bajo su cuidado a familiares enfermos y adultos mayores, a que el Juzgado rechazó un incidente de nulidad y a que carabineros estaba rondando su domicilio para apresarlo, nos vimos en la obligación de pagar la multa para evitar su reclusión”, señaló el fundador del Movilh, Rolando Jiménez.
Movilh anuncia acciones legales
Tras el pago de la multa, la organización informó que presentó un recurso de queja y que próximamente interpondrá un recurso de protección.
Jiménez aseguró que agotarán las instancias disponibles en Chile y que, de no obtener resultados favorables, recurrirán a organismos internacionales.
“Estamos en presencia del más grave y horroroso atentado contra la libertad de expresión del Orgullo en Chile”, afirmó el dirigente. Además, acusó la existencia de irregularidades y errores durante el procedimiento.
Cuestionamientos por la notificación
Una de las principales irregularidades denunciadas por el Movilh apunta al proceso de notificación.
Según la organización, durante 2025 las comunicaciones fueron enviadas a un domicilio donde Velásquez ya no residía. En lugar de enviarlas allí, debieron remitirlas a la dirección del Movilh o al domicilio vigente del activista.
Jiménez sostuvo que recién desde mayo de este año las notificaciones comenzaron a llegar a la dirección correcta. Sin embargo, para entonces ya existía una orden de reclusión.
El movimiento afirmó que tomó conocimiento del proceso en julio pasado. Esto sucedió luego de que Carabineros comenzara a realizar rondas en el domicilio de Velásquez para concretar su detención.
Diferencias en la fecha de los hechos
El Movilh también cuestionó una inconsistencia entre la fecha señalada en la sentencia y aquella consignada en el parte original de Carabineros.
Según detalló la organización, el fallo sitúa los acontecimientos el martes 24 de junio. Sin embargo, el parte policial establece que los supuestos “ruidos molestos” ocurrieron el sábado 21 de junio de 2025, a las 16:35 horas, frente al Palacio de La Moneda.
Esta última fecha coincide con el desarrollo de la Marcha del Orgullo.
La organización aseguró que Velásquez hizo presente estas inconsistencias ante el tribunal, pero que el juzgado mantuvo su decisión.
Además, denunció que la defensa solo pudo conocer el parte original de Carabineros después de dictada la sentencia. Según el Movilh, esto afectó sus posibilidades de ejercer una defensa adecuada.
Movilh cuestiona fundamentos de la sanción
El movimiento sostuvo además que la resolución no precisaría suficientemente qué tipo de “ruidos molestos” se habrían producido. Tampoco explicaba cómo afectaron a vecinos, ni de qué manera justificarían sancionar al responsable de una manifestación previamente autorizada.
“El conjunto de estos antecedentes trasciende una simple sanción por ruidos y constituye un grave precedente para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a manifestarse públicamente”, sostuvo el Movilh.
La organización afirmó que continuará con las acciones judiciales para intentar revertir lo ocurrido y anunció que también evalúa realizar manifestaciones y protestas.
“No descansaremos hasta alcanzar justicia”, concluyó el movimiento.
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