La discusión coincide con investigaciones de la Superintendencia de Pensiones y una denuncia presentada ante la Fiscalía.
Senadores de distintos sectores políticos intensificaron sus cuestionamientos a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y exigieron medidas para compensar las pérdidas registradas en los fondos D y E. Entre sus propuestas, plantean devolver los recursos afectados y evaluar la responsabilidad patrimonial de los directores ante eventuales irregularidades.
La ofensiva legislativa ocurre mientras la Superintendencia de Pensiones desarrolla un procedimiento sancionatorio contra las siete administradoras del sistema. La investigación apunta a operaciones con instrumentos financieros derivados, conocidos como swaps, vinculados a las tasas de interés de Estados Unidos.
El senador Daniel Núñez (PC) busca acelerar la tramitación de un proyecto de ley que promueve junto al diputado Luis Cuello. La iniciativa propone restituir los recursos perdidos en los fondos D y E y requiere respaldo del Gobierno para avanzar con mayor rapidez en el Congreso.
Núñez espera que la sesión especial del Senado permita discutir la propuesta y obtener una definición del Ejecutivo sobre su apoyo legislativo.
Parlamentarios plantean responsabilidades para las AFP
El senador Matías Walker, de Demócratas, llamó a aplicar las sanciones que correspondan y evaluar la responsabilidad de los directores de las administradoras, incluido el uso de su patrimonio personal cuando proceda conforme a la legislación vigente.
El parlamentario también puso el foco en las consecuencias que las pérdidas podrían tener para los afiliados que reciben pensiones mediante retiro programado y para quienes están próximos a jubilarse.
Además, Walker planteó avanzar en la implementación de los fondos generacionales contemplados en la reforma previsional, con el objetivo de modificar el enfoque de inversión según la etapa de vida de los afiliados.
Superintendencia evalúa posibles sanciones
El proceso administrativo podría derivar en amonestaciones, multas de hasta 15.000 UF o la revocación de la autorización para operar, dependiendo de las infracciones que se acrediten y de las resoluciones correspondientes.
En paralelo, los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri presentaron una denuncia que fue remitida a la Fiscalía Regional Metropolitana Norte, lo que abrió una arista penal en el caso.
La sesión especial del Senado contempla la participación de autoridades del Gobierno y organismos vinculados al sistema previsional y financiero, además de representantes de la industria de las AFP.
El debate buscará abordar las eventuales responsabilidades por las operaciones cuestionadas, las medidas de fiscalización y las alternativas para proteger los ahorros previsionales de los afiliados.
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