Las resoluciones se suman a las 56 rebajas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y amplían el foco de la controversia sobre los beneficios concedidos por el Ejecutivo.
Dos casos de rebajas de condenas a internos de Punta Peuco están en el foco de las críticas al Gobierno, luego de que se conocieran antecedentes sobre decretos administrativos emitidos por el Ministerio de Justicia.
Según una investigación realizada por El Mostrador, las resoluciones beneficiaron a condenados por los delitos de secuestro calificado y tortura.
De esta manera, los nuevos antecedentes amplían la controversia que inicialmente surgió por la reducción de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Rebaja de penas bajo cuestionamiento
Los antecedentes difundidos indican que el Ministerio de Justicia emitió dos decretos de reducción de condenas para internos de ese recinto penitenciario. A estos casos se suma un tercero, relacionado con un condenado por un delito grave que no estaría recluido en Punta Peuco.
Estas resoluciones se conocen en medio de la polémica por otros 56 decretos de rebaja de penas dictados entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026. De ese total, 27 correspondieron a condenas por abuso sexual de menores y los 29 restantes, a delitos de violación, de acuerdo con una investigación periodística.
Debate jurídico y presión política
En medio de los cuestionamientos, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió el procedimiento y señaló que las decisiones consideraron la doctrina de la Corte Suprema en recursos de amparo. Sin embargo, persisten las dudas sobre la aplicación de estos criterios en casos específicos.
Por su parte, la Defensoría de la Niñez pidió explicaciones al Ministerio de Justicia por las rebajas vinculadas a delitos sexuales contra menores.
En tanto, Amnistía Internacional Chile advirtió que eventuales reducciones de penas en casos de crímenes de lesa humanidad podrían comprometer las obligaciones internacionales del país. Además, la organización calificó de grave una eventual vulneración de estos compromisos por parte del Gobierno.
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