Reforma de seguridad: UDI advierte al gobierno que la propuesta actual debilita la institucionalidad

Guillermo Ramírez, afirmó que el partido no respaldaría en su estado actual algunas propuestas del Ejecutivo. 

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en entrevista con LT, manifestó reparos a parte de las reformas constitucionales. El Gobierno impulsa estas reformas dentro de su agenda de seguridad.

El dirigente gremialista sostuvo que, según los antecedentes conocidos hasta ahora, algunas de las iniciativas podrían debilitar la institucionalidad del país.

Ramírez aclaró que la UDI todavía no conoce el texto definitivo de las propuestas. Sin embargo, señaló que el partido no podría respaldarlas en las condiciones actuales.

Cuestionamientos a algunas modificaciones constitucionales

El timonel UDI cuestionó que determinadas materias de carácter legal queden incorporadas directamente en la Constitución.

A su juicio, establecer excepciones específicas para enfrentar situaciones relacionadas con el crimen organizado podría afectar el carácter general de las normas constitucionales.

Ramírez puso como ejemplo las disposiciones vinculadas con los regímenes penitenciarios para integrantes de organizaciones criminales. Según explicó, este tipo de medidas debería regularse mediante leyes y no mediante modificaciones a la Carta Magna.

El dirigente también advirtió que incorporar excepciones legales a nivel constitucional podría generar precedentes para futuros cambios impulsados por la izquierda.

Por esta razón, planteó que las medidas de seguridad deben quedar establecidas en la legislación. Además, afirmó que su constitucionalidad debe defenderse ante el Tribunal Constitucional cuando corresponda.

Pese a sus reparos, Ramírez manifestó respaldo a la creación de un nuevo estado de excepción constitucional.

El presidente de la UDI también señaló que no ve inconvenientes en discutir nuevas facultades para las instituciones del Estado. Esto incluye eventuales atribuciones de Carabineros y las Fuerzas Armadas.

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Además, expresó coincidencia con la idea de restringir determinadas prestaciones sociales, de salud y educación a personas condenadas por delitos de crimen organizado y terrorismo.

No obstante, insistió en que estas medidas deben contar con un sustento legal adecuado. También, aclaró que no necesariamente requieren incorporarse como excepciones específicas dentro de la Constitución.

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