El Ministerio de Educación de Singapur ratificó este 6 de mayo de 2026 un endurecimiento de sus protocolos disciplinarios. La normativa permite el uso del castigo corporal (caning) como medida de “último recurso” frente a casos graves de violencia escolar, bullying y ciberacoso entre estudiantes.
El ministro de Educación, Desmond Lee, presentó la medida ante el Parlamento. Según explicó, el objetivo no es fomentar la violencia arbitraria, sino frenar conductas graves que, según las autoridades, no lograron disminuir con intervenciones pedagógicas previas.
La decisión surgió tras un aumento en los reportes de hostigamiento digital y agresiones físicas dentro de establecimientos educacionales de la ciudad-estado.
Estrictos protocolos para aplicar la medida
La normativa establece condiciones específicas para evitar abusos y limitar la aplicación del castigo físico.
Aplicación solo para hombres desde los 9 años
La ley solo permite esta medida en estudiantes varones mayores de 9 años. La legislación de Singapur prohíbe el castigo físico en mujeres.
Autorización obligatoria de la dirección
Los profesores no pueden aplicar sanciones por decisión propia. El director del establecimiento debe autorizar el procedimiento y ejecutarlo personalmente o delegarlo en un docente autorizado.
Privacidad durante el procedimiento
El protocolo establece que el castigo debe realizarse en un espacio privado. La normativa contempla hasta tres golpes con una vara de ratán sobre la ropa o en la palma de la mano.
Seguimiento psicológico
Las escuelas deberán entregar apoyo psicológico inmediato al estudiante sancionado, con el objetivo de abordar las causas del comportamiento violento.
Debate internacional por la medida
La decisión abrió un debate internacional sobre disciplina escolar y derechos de la infancia. Mientras países como Chile impulsan estrategias enfocadas en salud mental y mediación escolar, Singapur mantiene una política basada en la disciplina estricta.
Organizaciones como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud expresaron preocupación por el uso de fuerza física en contextos educativos. Ambas entidades advierten que estas prácticas podrían vulnerar tratados internacionales relacionados con la protección de niños y adolescentes.
Pese a las críticas, el gobierno singapurense sostiene que la claridad en las sanciones ayudó históricamente a mantener bajos índices de criminalidad juvenil.
Fuente: Ministerio de Educación de Singapur (MOE) y reporte parlamentario del 6 de mayo de 2026.