Tras polémica: Gobierno avalúa bajar urgencia a reforma constitucional de seguridad

El ministro José García Ruminot afirmó que La Moneda está disponible para incorporar cambios durante la discusión parlamentaria.

El Gobierno se mostró disponible a modificar distintos aspectos de la reforma constitucional de seguridad que actualmente analiza el Senado.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró que La Moneda busca que el Congreso desarrolle una discusión amplia antes de avanzar en la iniciativa.

En entrevista con TVN, el secretario de Estado explicó que la suma urgencia del proyecto vence durante los primeros días de septiembre. 

Ante ese escenario, señaló que el Ejecutivo deberá definir una nueva urgencia para continuar con su tramitación. Esto podría ser mantener la suma urgencia o recurrir a una urgencia simple de 30 días, dependiendo del desarrollo del debate legislativo.

Gobierno defiende nuevo estado de excepción

Uno de los principales puntos de la propuesta corresponde a la creación de un  nuevo estado de excepción de seguridad pública. Este estado tendría atribuciones exclusivas del presidente.

Ante los cuestionamientos incluso desde el oficialismo, el ministro defendió la herramienta. Además, sostuvo que permitiría reforzar la presencia del Estado en sectores afectados por el narcotráfico y el crimen organizado.

Según explicó, el objetivo es recuperar el control de barrios donde estos delitos han adquirido mayor presencia. También busca entregar mayores herramientas a las instituciones encargadas de la seguridad.

Sin embargo, el Ejecutivo también manifestó disposición a revisar algunos aspectos de la iniciativa.Entre ellos aparece la duración del eventual estado de excepción. 

García Ruminot recordó que el Gobierno dejó desde el inicio este punto sujeto al debate parlamentario. También afirmó que podrían reducirse los plazos si existe acuerdo entre los legisladores.

Ejecutivo anticipa cambios en beneficios estatales

Otro de los temas que seguirá en discusión corresponde a las restricciones, las que buscan que personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado o conductas terroristas no accedan a determinados beneficios estatales.

El titular de la Segpres adelantó que el Gobierno mantendrá parte de esta propuesta, aunque distinguió entre eventuales beneficios y derechos que considera permanentes.

En ese contexto, señaló que la discusión legislativa será clave para determinar el alcance definitivo de las medidas.

García Ruminot reconoce falta de respaldo inicial

El ministro también admitió que esperaba una mejor recepción del proyecto en el Congreso.

A su juicio, la propuesta recoge una preocupación que ya está presente entre los propios parlamentarios. Esto es relevante considerando que existen otras iniciativas de reforma constitucional orientadas a establecer nuevos estados de excepción.

García Ruminot insistió en que los diputados y senadores tendrán un rol relevante en la tramitación, dado que podrán formular indicaciones y proponer modificaciones al texto.

Con esto, el Gobierno apuesta a que el debate en el Senado permita avanzar hacia  el contenido final de la reforma constitucional de seguridad.

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