El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ratificó la inhabilidad por cinco años para ejercer cargos públicos a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga Guerra. La medida, que regirá hasta 2030, se fundamenta en la causal de “notable abandono de deberes”, lo que impide a la exautoridad presentarse a elecciones populares o asumir funciones estatales durante ese período.
El fallo establece que los hechos acreditados en contra de Barriga cumplen con los atributos fácticos y legales para aplicar la sanción. Según el tribunal, su conducta representó una transgresión “inexcusable y manifiesta” de las obligaciones impuestas por la ley, generando un perjuicio considerable al patrimonio de la Municipalidad de Maipú.
En su resolución, el Tricel precisó que para configurar un notable abandono de deberes deben concurrir elementos como la imputabilidad, la reiteración y la notabilidad de las conductas. El término “notable” fue definido como algo “digno de atención o de cuidado, grande o excesivo”, mientras que “reiterar” se entendió como un actuar frecuente que refleja un patrón de incumplimiento.
El tribunal coincidió con los hallazgos del fallo de primera instancia, que constató un incumplimiento sistemático de las normas de contratación pública. Entre las irregularidades se identificó el uso excesivo del trato directo sin fundamentos claros, la emisión tardía de decretos que avalaban contrataciones ya ejecutadas y la ausencia de contratos formales en adquisiciones que superaron los mil millones de pesos.
El informe de Contraloría Regional Metropolitana fue clave para acreditar estas irregularidades. El documento reveló que en varios casos solo se citaban artículos de la Ley de Compras sin detallar razones específicas para justificar el uso del trato directo, lo que vulneró el carácter excepcional de ese mecanismo.
Otro aspecto considerado fue la modificación de la organización interna de la municipalidad mediante delegación de firma, acción que evitó el control del Concejo Municipal en áreas sensibles como Administración y Finanzas. El Tricel concluyó que esta práctica buscó evadir deliberadamente la fiscalización, lo que significó una infracción a normas legales y constitucionales.
La resolución subraya que la gestión de Barriga fue “desprolija” y marcada por incumplimientos reiterados a las recomendaciones de la Contraloría y a la normativa de contratación pública. Estos hechos, en conjunto, demostraron una falta de imparcialidad y un actuar contrario a los estándares exigidos a una autoridad municipal.
Con estos antecedentes, el Tricel confirmó la sentencia dictada el 25 de marzo de 2025 por el tribunal de primera instancia. La decisión, adoptada por los ministros Arturo José Prado Puga, Mauricio Alonso Silva Cancino, Adelita Inés Ravanales Arriagada, María Cristina Gajardo Harboe y Gabriel Héctor Ascencio Mansilla, deja firme la inhabilidad de cinco años para Cathy Barriga.
