El organismo de Naciones Unidas calificó como grave la denuncia sobre menores haitianos cuyo paradero es desconocido tras ingresar al país. Además, esta situación afecta directamente a los niños haitianos involucrados. También pidió a las autoridades actuar con la máxima rapidez para esclarecer los hechos.
La preocupación internacional por el caso de los menores haitianos ingresados a Chile continúa creciendo. Esta vez fue el turno de UNICEF, que solicitó a las autoridades chilenas aclarar con urgencia la situación de los niños haitianos desaparecidos. Además, solicitó precisar el paradero de los niños, niñas y adolescentes involucrados en la investigación.
Declaración pública de extranjería
A través de una declaración pública, el organismo señaló que se trata de una denuncia grave. También llamó a que las instituciones responsables de migración, extranjería y protección de la infancia determinen con rapidez dónde se encuentran los menores, en particular los niños haitianos afectados. Además, pidió identificar quiénes participaron en los procedimientos actualmente cuestionados.
El caso se originó luego de antecedentes recopilados por organismos fiscalizadores y denuncias presentadas ante el Ministerio Público. Como resultado, se derivó en una investigación por posibles delitos vinculados al ingreso de menores haitianos al país bajo la figura de reunificación familiar.
La Fiscalía investiga el paradero de más de 200 niños y adolescentes haitianos que habrían ingresado a Chile en vuelos chárter durante 2025. En algunos casos fueron acompañados por adultos sin vínculos familiares acreditados. Asimismo, las diligencias buscan determinar eventuales delitos de trata de personas, falsificación de documentos, soborno y otras irregularidades relacionadas con niños haitianos.
UNICEF recordó que Chile cuenta con normas específicas para la protección de niños migrantes. Además, enfatizó que es fundamental conocer las acciones de búsqueda actualmente en curso para garantizar sus derechos y seguridad.
Mientras tanto, distintas instituciones del Estado, entre ellas la Fiscalía, la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Migraciones y otros organismos públicos, continúan reuniendo antecedentes. Esto se hace para esclarecer uno de los casos migratorios más sensibles que ha enfrentado el país en los últimos años.
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