La Superintendencia de Educación Superior (SES) abrió un proceso sancionatorio contra la Universidad Autónoma de Chile tras detectar irregularidades en contratos de arriendo con una sociedad ligada a sus fundadores, la familia Ribera. Según un reportaje de Destacador, la investigación apunta a operaciones inmobiliarias que habrían generado un margen de ganancia indebido mediante el subarriendo de dos edificios en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.
De acuerdo con la indagatoria, la SES revisó en 2024 las operaciones entre universidades y sociedades relacionadas. En ese contexto, constató que la Autónoma mantiene contratos con Inmobiliaria El Llano S.A., empresa controlada por la familia Ribera, mediante los cuales subarrienda dos inmuebles a un valor superior al contrato original que esta sociedad mantiene con el banco Scotiabank.
El mecanismo, explica el reportaje de destacador.cl, funcionó así: la inmobiliaria entregó ambos edificios al banco a través de un leaseback, operación que le permitió obtener liquidez manteniendo la posibilidad de recomprar las propiedades en 2027. Mientras tanto, arrendó los mismos inmuebles a la universidad a un precio más alto. Según el análisis del medio, si el acuerdo con el banco tiene un costo total de 443.834 UF (unos $17,4 mil millones), el valor total del subarriendo que paga la universidad asciende a al menos 550.000 UF (aprox. $21,5 mil millones).
En el informe remitido por la SES a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), se indica que el procedimiento sancionatorio fue formalizado mediante la Resolución Exenta 601, de 2025, “por eventuales incumplimientos a los requisitos sustantivos de las operaciones con personas relacionadas (…) en relación con el subarriendo de los inmuebles en que funciona su sede de San Miguel”.
El tema cobra especial relevancia considerando que, según la SES, cerca del 70% de los ingresos de la Autónoma provienen de recursos públicos a través de la gratuidad, lo que en 2024 representó más de $105.499 millones. Actualmente, la institución cuenta con 31.355 estudiantes de pregrado, de los cuales un 80% accede a gratuidad.
Antecedentes y defensa del plantel
Esta no es la primera vez que la universidad enfrenta cuestionamientos por sus contratos inmobiliarios. Hace una década, el Ministerio Público investigó a la Autónoma por posibles infracciones al lucro, aunque en ese entonces no existía tipificación legal para sancionar este tipo de operaciones. La normativa cambió con la reforma universitaria de 2018, que prohíbe expresamente el lucro en la educación superior.
Consultada por el citado medio, la Universidad Autónoma aseguró que los arriendos se ajustan al mercado y que cooperarán con la indagatoria. “No existe sobreprecio. Si la universidad hubiese financiado directamente la compra, el costo habría sido 104.000 UF más alto”, señaló la institución en su respuesta.
Por ahora, la SES confirmó la existencia del procedimiento sancionatorio, que podría derivar en multas, reintegro de fondos e incluso responsabilidades penales, civiles o administrativas.