El Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú instó al Estado chileno a adoptar medidas urgentes para proteger a la familia de Julia Chuñil, dirigente mapuche desaparecida hace un año en la región de Los Ríos. El organismo advirtió un “riesgo razonable” para su núcleo familiar tras constatar “evidencias de hostigamiento, estigmatización y amenazas continuas”.
La resolución, emitida por el órgano encargado de promover la implementación del tratado regional, marca la primera vez que el Comité exhorta formalmente a un país miembro a adoptar medidas de protección en este tipo de casos. La decisión se produjo luego de que Pablo San Martín Chuñil, hijo de la dirigenta desaparecida, denunciara ante el organismo incumplimientos del Estado de Chile en materia de seguridad y derechos humanos hacia defensores ambientales, según lo establecido en el Artículo 9 del Acuerdo de Escazú.
San Martín aseguró que, en su calidad de familiar directo de una defensora desaparecida, ha sido víctima de intimidaciones y hostigamientos, y que teme represalias contra él y su entorno familiar. El Comité respaldó sus afirmaciones y advirtió que el riesgo se ve agravado por la falta de medidas adecuadas, eficaces y oportunas para prevenir, investigar y sancionar los ataques y amenazas.
En ese contexto, el organismo recomendó al Gobierno de Chile implementar acciones concretas que garanticen la seguridad de la familia Chuñil, incluyendo la investigación de presuntos hostigamientos policiales y otras formas de discriminación o persecución judicial.
El caso de Julia Chuñil continúa siendo investigado por el Ministerio Público. A mediados de octubre, el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que existen “distintas hipótesis en desarrollo” sobre su desaparición, aunque se abstuvo de revelar detalles por el carácter reservado de la indagatoria.
“De momento, como es públicamente sabido, algunas hipótesis se orientan a la posibilidad de participación de terceros en la desaparición y posible muerte de la señora Chuñil”, señaló Valencia.
El Acuerdo de Escazú, en vigor desde 2021, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y el único en el mundo que incluye disposiciones específicas para proteger a los defensores del medioambiente. El llamado del Comité representa un precedente inédito en la región, reforzando la exigencia a los Estados de garantizar condiciones seguras para quienes defienden los derechos ambientales y territoriales.
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