La Contraloría General de la República instruyó a la Universidad de La Frontera (UFRO), en La Araucanía, reintegrar más de $4.300 millones al fisco, tras detectar irregularidades en el uso de recursos públicos provenientes del Aporte Institucional de Universidades Estatales (AIUE).
El organismo fiscalizador realizó una auditoría sobre los fondos entregados entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024, período en el cual la casa de estudios recibió más de $27.417 millones del Estado. Sin embargo, al cierre de 2024 solo se habían rendido $21.776 millones, quedando por ejecutar $5.641 millones.
Según el informe, al revisar las cuentas corrientes destinadas exclusivamente al manejo de estos recursos, Contraloría constató una disponibilidad real de $1.302 millones, lo que evidenció un faltante de $4.339 millones, monto que ahora deberá ser devuelto a Rentas Generales de la Nación dentro de un plazo de 30 días hábiles.
Otras observaciones detectadas
El informe también advierte que durante 2023 se presentaron rendiciones con inconsistencias y falta de respaldo, las cuales fueron observadas por la Subsecretaría de Educación Superior. En algunos casos, se detectaron déficits en conciliaciones bancarias y traspasos irregulares de fondos, por más de $5.650 millones, desde las cuentas del AIUE hacia el pago de remuneraciones del personal, acción considerada improcedente.
Además, Contraloría instruyó a la UFRO reintegrar otros $53 millones, correspondientes a recursos no utilizados en dos proyectos cuyos plazos de ejecución ya expiraron, el 4 de febrero de 2024 y el 17 de febrero de 2025, respectivamente.
Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Superintendencia de Educación para eventuales acciones legales.
Respuesta de la Universidad de La Frontera
A través de un comunicado, la UFRO reconoció haber recibido el informe y señaló que las observaciones “corresponden a procedimientos administrativos irregulares ejecutados en el periodo 2023-2024, ya identificados en auditorías internas que derivaron en denuncias y procesos de investigación ante el Ministerio Público”.
La institución agregó que valora la fiscalización “como una oportunidad para fortalecer los mecanismos de gestión y transparencia”, en línea con su Plan de Ajuste Financiero, y aseguró que las funciones esenciales y compromisos laborales no se verán afectados.
Finalmente, la universidad indicó que continuará informando los avances del proceso “con transparencia y compromiso con la rendición de cuentas ante la sociedad”.