Por Lily Romo Cerda, consultora experta en gestión ambiental
Chile arrastra una larga y compleja historia de conflictos socioambientales asociados a la gestión de residuos, donde las aspiraciones idealistas, como el reciclaje masivo y la promesa de una “Basura Cero”, chocan constantemente con una realidad operativa marcada por la falta de infraestructura, la resistencia ciudadana y un sistema financiero municipal colapsado.
La crisis no es nueva, pero sí creciente. Tres casos emblemáticos en la última década ilustran cómo la brecha entre la intención y la ejecución ha generado impactos sociales, ambientales y políticos.
Santa Marta: un colapso anunciado
El cierre del vertedero Santa Marta (2016-2020), uno de los más grandes del país, por contaminación de napas subterráneas dejó a 13 comunas de la Región Metropolitana sin disposición final de residuos. La crisis dejó en evidencia la falta de alternativas reales tras años de postergación de inversiones. Hoy, un 92% de los residuos de la RM sigue yendo a rellenos sanitarios, a pesar del discurso oficial de transformación hacia una economía circular (MMA, 2023).
Punta Peuco: cuando nadie quiere la basura cerca
En 2022, la revuelta ciudadana contra la ampliación del relleno sanitario Lomas Los Colorados —que recibe el 40% de la basura de Santiago— puso en jaque al sistema. El rechazo local fue tajante, a pesar de que la RM genera 2,1 millones de toneladas de residuos al año. La paradoja es clara: crece la demanda de servicios, pero también la resistencia territorial a su instalación.
Puerto Montt: la caída de Rembre y el vacío legal
El colapso de la planta Rembre (2021), operada por una empresa sin garantías financieras suficientes, dejó residuos sin tratar durante seis meses en Puerto Montt. A nivel nacional, el 68% de los municipios externaliza el servicio sin exigir cláusulas de continuidad. La consecuencia: un sistema débil, expuesto a fallos sin respaldo ni capacidad de respuesta.
Un debate atrapado en el reciclaje doméstico
Para Lily Romo Cerda, especialista en gestión ambiental municipal y colaboradora de SUBDERE, “el debate público sigue siendo reduccionista”. En muchos casos, se responsabiliza al consumidor con campañas de reciclaje, ignorando que más del 50% de los residuos municipales son orgánicos y no se pueden valorizar sin plantas de compostaje, las que escasean dramáticamente.
Además, las metas oficiales están lejos de contar con respaldo financiero: la promesa de valorizar el 30% de los residuos al 2030 requiere USD 1.200 millones en infraestructura (CEPAL, 2021), mientras el 73% de los municipios ni siquiera logra financiar adecuadamente su servicio de aseo.
El costo político de modernizar el sistema
Romo, quien ha trabajado directamente con municipios desde 2018, destaca obstáculos estructurales y operativos: falta de catastros actualizados, desconocimiento técnico de concejales, resistencia institucional al cambio, proveedores sin control y una alta informalidad en el manejo de residuos, especialmente en zonas turísticas o con población flotante.
La implementación de tarifas adecuadas también enfrenta dificultades. Muchas Direcciones de Administración y Finanzas carecen de herramientas, datos o personal capacitado, lo que obstaculiza el cálculo real del costo del servicio. Incluso en casos donde existe voluntad política, los ciclos electorales suelen frenar cualquier intento de actualización tarifaria.
¿Y las soluciones? Sí las hay, pero requieren voluntad y coordinación
Entre las propuestas clave de Romo que emergen de este análisis destacan:
- Inversión en infraestructura con gobernanza territorial, para evitar repetir los errores de proyectos mal planificados o impuestos desde arriba.
- Sistemas tarifarios modernos y equitativos, con validación ciudadana previa y uso de tecnologías para seguimiento y control de costos.
- Participación real de recicladores de base y actores comunitarios, como el exitoso modelo del Festival REC en Concepción.
- Compensaciones para comunidades cercanas a sitios de tratamiento, reconociendo externalidades negativas.
- Regulación firme para operadores, con exigencia de estándares, garantías financieras y mecanismos de sustitución ante fallos.
- Obligatoriedad para grandes comercios de instalar puntos de valorización, transformando el reciclaje en una práctica cotidiana.
Conclusión: Dejar de esconder la basura bajo la alfombra
La gestión de residuos en Chile necesita una transformación estructural y profunda. Ya no basta con discursos verdes ni campañas aisladas. Se requiere inversión pública, colaboración real entre niveles de gobierno, transparencia operativa y un cambio cultural que incluya a toda la cadena: desde el productor hasta el consumidor.
Como señala la expera ambiental, “llevar el reciclaje a donde están los consumidores convierte la sustentabilidad en un acto cotidiano, no en un esfuerzo adicional.”