Con más de cuatro millones de personas morosas en el país, la Ley 20.720 ofrece alternativas de renegociación y liquidación. Desde Segal Deudores advierten que el momento en que se actúa define qué caminos siguen disponibles.
Al cierre del primer trimestre de 2026, 4.011.868 personas tenían deudas impagas en Chile, una tasa de morosidad de 25,2%, según el informe de la Universidad San Sebastián y Equifax. En paralelo, crece el uso de la Ley de Insolvencia: entre enero y agosto se iniciaron 11.326 procedimientos ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), con un alza de 124% en las renegociaciones de personas.
La renegociación ante la Superir es un trámite administrativo, voluntario y gratuito, que no requiere abogado. Exige tener dos o más deudas vencidas por más de 90 días, que en conjunto superen las 80 UF. Una vez admitida la solicitud, no pueden iniciarse juicios ejecutivos contra la persona mientras dure el procedimiento. En 2025, el 95% de las audiencias terminó con acuerdo entre deudores y acreedores.
“Muchas personas llegan a buscar ayuda cuando ya tienen demandas, embargos ya trabados o meses de atraso. Mientras más se posterga la decisión, más complejo se vuelve el escenario”, afirma Carla Lavín Benito, directora jurídica de Segal Deudores.
Una ventana estrecha
El momento importa. Para renegociar, la persona debe declarar bajo juramento que no ha sido notificada de juicios ejecutivos en su contra, salvo los laborales. Con la primera demanda notificada, la vía gratuita se cierra.
“Las deudas deben tener más de 90 días de mora, pero todavía no debe existir una demanda ejecutiva notificada. Vemos a muchas personas que, por esperar unas semanas más, llegan con la demanda encima y ya no pueden renegociar”, explica Lavín.
Liquidación: no es perderlo todo
Quien no puede pagar tiene la liquidación voluntaria, que se tramita ante tribunales con abogado y puede durar hasta 12 meses. Se venden los bienes embargables, pero los inembargables quedan fuera y, al terminar el proceso, las deudas anteriores se extinguen por ley, salvo excepciones como las pensiones de alimentos. Además, deben eliminarse los registros de deudas comerciales asociados. Para empresas y pymes viables, la reorganización permite renegociar y seguir operando.
“Es un error pensar que acogerse a la Ley de Insolvencia es sinónimo de perderlo todo o de cerrar un negocio. Para algunos conviene renegociar; para otros, la liquidación es la forma ordenada de cerrar el ciclo de deudas y volver a empezar”, sostiene la abogada.
La Ley 21.563, de 2023, amplió el acceso a la renegociación a quienes emiten boletas de honorarios y creó procedimientos simplificados para personas y pequeñas empresas. Aun así, todos exigen información completa y veraz sobre deudas, ingresos y bienes.
“El sobreendeudamiento no se soluciona contratando otro crédito o aceptando una nueva repactación. Cuando los ingresos ya no alcanzan, hay que detenerse, revisar el nivel real de endeudamiento, que se puede consultar gratis en la CMF, y conocer las alternativas”, advierte Lavín.
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